El cuerpo del guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustí­n, de 19 años, fue localizado sin vida a las orillas de la ví­a del tren en Tultitlán, estado de México. Fue asesinado. El jefe de la Policí­a de ese municipio, Ramón Calzada, negó la responsabilidad en el crimen de dos de sus agentes municipales, Jorge Homero Hernández y Omar Sandoval Guerra: “Y es que de acuerdo con testimonios de por lo menos 10 migrantes, agentes de la patrulla con el número 203, detuvieron la madrugada del domingo (7 de agosto) al migrante guatemalteco, y horas más tarde fue hallado muerto” (Reforma, 12, agosto, 2011).

Ese medio de comunicación también dio a conocer que los centroamericanos que se encuentran en la Casa del Migrante de Tultitlán, donde ocurrió la captura del guatemalteco, se han quejado de los abusos de los policí­as municipales (robos, asaltos, capturas y extorsiones).

Para las autoridades policiales del estado de México, es difí­cil aceptar que el  crimen de Julio Fernando haya sido efectuado por los policí­as municipales, sin haber realizado ninguna investigación y sólo con el argumento de que ellos se encontraban “atendiendo una emergencia”, sin tomar en cuenta a los 10 testigos que vieron cuando los agentes se llevaron a Cardona Agustí­n en la patrulla arriba señalada y horas después apareció muerto. También se añade en la información periodí­stica que Julio Fernando Cardona, fue entregado a miembros del crimen organizado, como ha sido costumbre por parte de las Policí­as municipales mexicanas.

La acción de ejercer actos de violencia contra los migrantes no sólo es en el estado de México. A finales de junio los medios de comunicación de México dieron  a conocer las declaraciones del sacerdote Alejandro Solalinde (Reforma, 27 de junio, 2011), director del albergue Hermanos en el Camino, que por lo menos 10 migrantes fueron secuestrados (hasta el momento no se ha aclarado si ya aparecieron) por hombres fuertemente armados –“con armas largas”– que se movilizaban sin ningún problema. Llegaron al tren, que habí­a disminuido su marcha, y se los llevaron. Todo indica que llevar armas de alto poder a nivel municipal en territorio mexicano, moviéndose en carros grandes y de lujo, es signo de ostentación y las Policí­as no se proponen detener a nadie. No se llevaron a todos los indocumentados pues algunos se escondieron entre la maleza y, posteriormente, denunciaron el hecho.
El asesinato de Julio Fernando Cardona Agustí­n, se efectuó con saña –“todo apunta a que fue lapidación”– e impunidad –los asesinos siguen libres porque a su jefe así­ se le ocurre– por parte de la policí­a municipal de Tultitlán. Este joven guatemalteco formó parte de la Caravana del Migrante (la cual recorrió las rutas de los migrantes en México y denunció diversas formas de violencia contra personas que se movilizan como transmigrantes o migraciones de paso, para trasladarse a Estados Unidos) y, un dí­a después de su asesinato, tení­a una cita en el Instituto Nacional de Migración de México, con el propósito de regular su estancia migratoria.

Es necesario destacar que  ninguno de los migrantes indocumentados o en grupo, causa ningún tipo de desestabilización polí­tica o económica en territorio mexicano, ni origina problemas relacionados con tráfico de drogas, trasiego de armas o son miembros de grupos vinculados a la delincuencia organizada. Tan sólo son seres humanos en busca de un trabajo que en su propio paí­s se les niega.

Ojalá el nuevo gobernador, recientemente electo en el estado de México (el anterior no pudo), pueda adoptar las medidas de ley adecuadas para que los asesinos sean enjuiciados y no persistan los crí­menes contra seres humanos.