Una entidad oficial que evalúa a la policía de Honduras informó ayer que entregó al Ministerio Público una investigación que involucra a 40 miembros de la institución en la comisión de diversos delitos.
La Dirección de Evaluación de la Carrera Policial informó en un comunicado de que entre los casos investigados figuran desde la sustracción de 730 armas de fuego de un depósito policial hasta el ingreso de 75 cajas de cervezas a la Penitenciaría Nacional y la detención ilegal de varios ciudadanos.
Señaló que se obtuvieron evidencias suficientes para iniciar procesos judiciales, incluso a un director general y un comisionado general, más comisarios, suboficiales y varios agentes, que suman 40 involucrados, imputables por delitos como «violación de los deberes de los funcionarios, detención ilegal, falsificación de documentos, denegación y retardo de justicia, amenazas, daños, abuso de autoridad y encubrimiento».
Se trata de la segunda ocasión en que el organismo evaluador hace llegar expedientes al Ministerio Público para que se proceda contra policías. El 1 de agosto de 2012, involucró en diversos delitos a 23 policías.
Un proceso de depuración de la policía hondureña se lleva a cabo por medio de esa entidad, creada por decreto del Congreso Nacional en febrero de 2012 después que agentes de policía asesinaron sin motivo al hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a un amigo en noviembre de 2011.
El año pasado, solamente 33 agentes, de un total de 14.500, han sido separados del cuerpo por no superar las prueba del polígrafo y toxicológicas al descubrirse su consumo de drogas, según las cifras proporcionadas por la dirección evaluadora y la Secretaría de Seguridad.
Pero el proceso, que consiste en la aplicación de pruebas de confianza que incluyen exámenes patrimoniales, pruebas toxicológicas y la aplicación del polígrafo se encuentra prácticamente estancado debido a la falta de fondos, problemas legales y el rechazo de los afectados.
La lentitud «depende de los fondos que se puedan aplicar que el proceso se acelere, la intención existe pero tenemos limitaciones» explicó Brian Aguilar, Secretario General del Ministerio de Seguridad.
Según un documento de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, que brinda apoyo financiero y logístico al proceso de depuración de la policía hondureña, al que The Associated Press ha tenido acceso, en las primeras 373 pruebas de polígrafo realizadas hasta el pasado 21 de septiembre, 142 agentes figuran como «decepcionado», el 38% del total, por motivos que incluyen torturas, malos tratos, admisión de dinero y consumo de drogas.
De aplicarse esta proporción al resto de pruebas a realizar, alrededor de 3800 policías deberían ser despedidos en los próximos años.
El Comisionado Aldo Oliva, ex Director del Sistema Penitenciario Nacional, considera que «los políticos están utilizando a la policía como chivo expiatorio de un problema que no pueden resolver con el objetivo de ganar votos».
Pidió a los agentes que no acepten las pruebas de confianza y «no se presenten a la farsa organizada por el Director General, Juan Carlos Bonilla».
Eduardo Villanueva, Director de la DIECP reconoce que «nadie llega con una sonrisa a la prueba del polígrafo» y recuerda que ante el primer grupo de oficiales que realizó las pruebas de polígrafo, en marzo, advirtió: «El que no las quiera hacer, que salga por la puerta, se puede ir, pero le propondremos para falta grave». Desde entonces 24 oficiales no se han presentado a la cita, les ha propuesto para falta grave, que significa expulsión automática del cuerpo pero, «El Director General de la policía no las ha ejecutado» reconoce.
Debido a la inconstitucionalidad del polígrafo, una de las pruebas de confianza decretada por la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional destituyó en diciembre a los jueces que la decretaron dando inicio a la crisis institucional más fuerte en Honduras desde el golpe de estado.