De acuerdo con las cifras presentadas por Udefegua, este año se ha intensificado aún más la violencia y criminalización de quienes se empeñan en la búsqueda de la verdad ya que al menos se tuvieron 116 ataques en su contra, seguidos de los actos violentos contra sindicalistas (64), quienes luchan por el desarrollo (28), y contra campesinos e indí­genas (16).

Generalmente las amenazas e intimidaciones a defensores y defensoras se han hecho en lo que va de este año, son por la ví­a escrita (81), ví­a telefónica (38) e incluso y en creciente aumento las denuncias judiciales (33).

Tal situación se ha percibido con mayor preocupación desde 2008, ya que tales prácticas se han convertido en «obstáculos a las actividades de defensa de los derechos humanos», en la región latinoamericana, donde los Estados hacen uso del sistema de justicia para sancionar la actividad de los defensores, conforme se señaló en un estudio publicado recientemente.

En los nueve meses que han transcurrido de 2009, el departamento de Guatemala ha sido escenario de intensas jornadas de protesta y movilizaciones sociales -que comenzaron a gestarse con mayor fuerza en 2008- con los problemas de propiedad de la tierra y la explotación de la misma por empresas multinacionales, cuyas actividades afectan los derechos de los pueblos indí­genas.

Sin embargo, la conflictividad es constante y creciente también en el interior del paí­s, donde se han instalado proyectos de explotación de los recursos naturales sin el consentimiento de las poblaciones indí­genas que las habitan.

En ese contexto, en la capital se han registrado 93 de estas agresiones, seguidas de Quiché, con 55 actos violentos, Quetzaltenango 19, Sacatepéquez -donde se han decretado estados de prevención- 18; y en Alta Verapaz, donde cada vez más se amplí­a el uso de las tierras para la producción de monocultivos, 11; entre otros.

INFORME

Desde 2008 las agresiones contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, así­ como movimientos indí­genas y campesinos en Guatemala, se han ido intensificando; sin embargo, las mismas siguen sin investigarse, según un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), publicado recientemente.

Muestra de ello, es que de los más de mil 600 casos de violencia en su contra, durante la última década, apenas 10 han llegado a juicio.

De acuerdo con el citado informe, desde 2008 se ha observado que Guatemala adolece de una profunda fragilidad democrática e institucional, lo cual, según el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos, la creciente violencia «generada particularmente en el contexto del conflicto de los Gobiernos contra los traficantes de droga y la delincuencia organizada», ha influido en esa situación.

SIN VOLUNTAD

Por otra parte, el citado documento analizó el cumplimiento de las medidas de protección de los activistas, empero, el saldo fue bastante negativo para la región centroamericana, en especial para Guatemala y Nicaragua.

«(…) las medidas de protección concedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos en favor de defensores de derechos humanos, fueron a veces aplicadas con toda clase de restricciones, y en consecuencia se revelaron generalmente ineficaces. Mientras que en Guatemala y Nicaragua fue lamentable la falta de voluntad polí­tica de las autoridades en cuanto a su aplicación», concluye el informe.