“El hombre con educación es la más dulce de las criaturas, pero sin ella, la más feroz de las fieras” (Platón)
La palabra contaminación significa “introducir elementos extraños a un medio dado”, y quizás para ilustrar mejor a mis lectores, invadir la atmósfera, el agua y el suelo con elementos nocivos a los habitantes del territorio nacional.
Ello, quiere decir, que no se trata únicamente de aspectos ecológicos, sino también, sociales y psicológicos, ya que interviene la mano del hombre.
Si bien es cierto que algunos sectores poblacionales relacionaron el citado fenómeno al ambiental, no se percataron que la falta de trabajo, la pobreza y deterioro social constituiría a la fecha parte de una problemática que no se le ha querido encarar adecuadamente mediante la educación y preparación de profesionales que como los de otras ramas de las Ciencias Naturales y de la medicina preventiva serían de interés nacional.
No fue sino hasta el año de 1984, que la Universidad Rafael Landívar en unión con entidades extranjeras, publica el primer “Perfil Ambiental de la República de Guatemala”, y del que tuve oportunidad de integrar y asesorar dentro de mi especialidad.
Luego, la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, en los años 90, incorpora por primera vez en la Historia Académica de nuestro país, el primer curso de Derecho Ambiental, y le seguirían la Universidad del Valle de Guatemala, en su especialidad ambiental y la Universidad Rafael Landívar en pregrado, le siguieron las Universidades Rural y Mesoamericana. Esas iniciativas valen la pena destacar, pues nos demuestran el interés por mejorar el entorno humano de todos y cada uno de los guatemaltecos.
En ese sentido, resulta importante ilustrar a las presentes generaciones de guatemaltecos y urgente recordar a los lectores que históricamente la República de Guatemala participó en la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, en la ciudad de Estocolmo, Suecia, año 1972, y que se le denominara sobre el “Medio Humano”; comprometiéndose nuestro país a adoptar todas las medidas necesarias para cumplir lo tratado en tal reunión. Ello, no se ha cumplido del todo.
Sin embargo, no fue sino hasta en el año de 1986 que se emite la primera y única ley de Protección sobre el Medio Ambiente (Decreto 68-86 del Congreso de la República), pero probablemente por falta de actualización programática de las universidades existentes en ese entonces, no se incluyeron materias relacionadas con el ambiente en general en todas las unidades académicas de otras entidades educativas obligadas a ello, constituyéndose un valladar en la aplicación y progreso de la emisión de una legislación moderna ambiental tan necesaria para Guatemala. El resultado está a la vista: aumento de la criminalidad, de la contaminación en general, demencia social, confusión de valores éticos por influencias de otras culturas, divorcios, y en fin, una larga lista que sería prolijo enumerar en este artículo.
El poco interés de algunos sectores por nuestro tema, ha dado como resultado que profesionales graduados de universidades del país que no preparan a sus egresados en los estudios ambientales, por ese grave error, evaden y confunden la temática ambiental y como resultado final de esas deficientes políticas educativas, nos encontramos con enfoques desintegrados, polarización de servicios y desorden institucional de la materia.
En consecuencia, podemos afirmar con seguridad que la falta de educación ambiental, a todo nivel, es y constituirá terribles daños para nuestra población que ajena a dicha problemática cree que los cambios bruscos de clima son normales, que los fenómenos del Niño y la Niña siempre han existido y que por consecuencia, los incendios forestales, terremotos y otros fenómenos también son normales. Terrible error que lo pagarán las presentes y futuras generaciones de guatemaltecos.
Finalmente, hacemos un llamado a la conciencia de nuestras autoridades académicas, religiosas y administrativas para que no olviden el tema ambiental y que no lo soslayen de sus discusiones económicas y políticas, porque constituiría un nuevo error, cuando los que venimos estudiando el tema sabemos que dicho estudio está o debe estar inmerso en las políticas que a nivel nacional deben adoptarse para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los guatemaltecos.
No está de más recalcar que al referirnos a políticas ambientales, lo hacemos a un nivel obligatorio para los señores legisladores para que las comprendan en sus iniciativas, porque pueden existir muchas políticas, pero sin quedar impresas en una ley el Derecho Ambiental Comparado, no las recomiendan debido a que las demás de tipo administrativo no tendrán la misma fuerza que la propia ley, máxime si sabemos que no existen normas que las regulen.