El Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, (CCPA), se pronunció sobre la reforma fiscal impulsada por el actual gobierno y, destaca, que previo a que esta se apruebe en el Congreso de la República, debe priorizarse la promulgación de leyes sobre el tema de transparencia.
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Entre estas leyes, Juan Carlos Paredes, presidente de la Junta Directiva del CCPA, dijo que son prioritarias las que busquen normar el enriquecimiento ilícito, los fideicomisos públicos y modificaciones a la Ley de la Contraloría General de Cuentas, la de Probidad y del Presupuesto.
Manifestó que, “el verdadero problema fiscal del Estado es el incremento constante del presupuesto de gastos”.
En ese sentido, explica que, “un ejemplo es el presupuesto de 2012, que deja una brecha entre ingresos y egresos de Q12 mil millones, cifra que representa un déficit fiscal del 3% del PIB”.
Paredes agregó que, “el problema financiero será el mismo para los próximos años, si la forma de financiar el déficit se sigue intentando mediante el aumento de la deuda pública o con nuevos impuestos”.
Para ello, el colegio de profesionales contadores, solicitó al Organismo Ejecutivo, “que tome la decisión histórica de congelar el presupuesto de gastos como una disposición de urgencia nacional”. Para que de esa cuenta, a medida que aumentan los ingresos tributarios y se mantienen congelados los egresos, se reduzca el déficit.
Oposición a incremento
El CCPA se manifestó contrario al incremento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del 5 al 7%, para las personas individuales o jurídicas que prestan servicios profesionales o se encuentran en relación de dependencia, porque según explica, “desmotivará al contribuyente y provocará una baja en la recaudación al disminuir la base”.
Además, se sugirió que el monto Mínimo Vital actual de Q36 mil, que se deduce del ISR sin necesidad de respaldo facturado, se actualice cada año, “dado que la capacidad adquisitiva de la moneda disminuye permanentemente”.
No eliminar planilla del IVA
A este respecto, Paredes dijo que el CCPA “insta al Congreso de la República, a no eliminar la planilla para el crédito del IVA de los asalariados”, porque, según se enfatizó, “niega los principios constitucionales de capacidad de pago, justicia y equidad tributarios” y, además, “alienta la economía informal y el contrabando”.
Entre otras medidas, consideró “más oportuno reducir el monto de acreditación de la planilla, para no afectar los intereses del Estado”.