Como se sabe, en la actualidad funciona la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco) que, como lo advertí­ en mi artí­culo de anteayer, carece de recursos humanos y legales que le permitan a su entusiasta directora, doña Silvia de Padilla, atender adecuadamente los casos que, supongo, han de ser numerosos diariamente, y en vista de esa insuficiencia, desde hace años varios sectores y diputados al Congreso de la República han intentado la promulgación de una ley que sirva de base para defender los intereses de usuarios y consumidores.

Pero el Organismo Ejecutivo está gestando una iniciativa de ley que, además de contemplar la creación de la Procuradorí­a del Defensa del Consumidor y el Usuario, incluirá, por supuesto, las reglas que deberán aplicarse en caso de que los establecimientos comerciales y de servicios no cumplan con las nuevas normativas.

Probablemente con la ley enviará el Gobierno de la República al Organismo Legislación, para su discusión y eventual aprobación, los consumidores y usuarios de grandes empresas y corporaciones ya no estaremos a merced de sus caprichos y abusos, como ocurre con las compañí­as de energí­a eléctrica y de servicio telefónico, sólo para citar dos de los casos más comunes, las cuales se amparan en los contratos de adhesión, en los que, como su nombre lo indica, una de las partes se adhiere a la voluntad de la otra, sin mayor margen de defensa en lo que concierne al grupo vulnerable.

El tratadista Federico Puig Peña define con claridad esta clase de convenios (en los que el pez más grande se devora al más pequeño) de una forma clara y categórica, al decir que en los contratos de adhesión una de las partes, por lo general la económicamente más fuerte, impone el tipo de cláusulas, bastando con que la otra parte, la más débil, las acepte, es decir, se adhiera, por lo que no puede, de ninguna forma, modelar el contrato a su conveniencia. En suma, se impone la preponderancia de la voluntad de uno de los contratantes sobre el otro.

¿Qué puede hacer un indefenso usuario del servicio de energí­a eléctrica cuando la empresa que suministra el fluido decide por sí­ y ante sí­ cobrar diez veces más -sólo para mencionar una cifra- de los kilovatios que consumió el cliente? ¿Qué poder tiene el poseedor de un aparato celular para obligar a la empresa que le proporciona el servicio que le cambie el artefacto que se arruinó a los pocos dí­as de adquirido, por causas ajenas al usuario, y sí­ atribuibles a la empresa concesionaria?

Como es de presumir, la ley de la Procuradurí­a de la Defensa del Consumidor y Usuario (Prodeco) contendrá facultades coercitivas y sancionadoras para defender al comprador de productos o usuario de servicios, y que, en su caso, castigue a los proveedores, incluso aquellos servicios, como seguros de vida y de vehí­culos o pólizas funerarias, cuyas advertencias que afectan negativamente a los usuarios, están escritas en letras tan menudas que sólo pueden leerse con lupa.

Con la nueva ley, los especuladores no estarán a salvo, en vista de que la Prodeco será la única instancia que podrá fijar, mediante normas temporales, precios especiales cuando la realidad del paí­s así­ lo requiera, ya sea por caso fortuito o por al establecimiento de estado de excepción, de emergencia, calamidad pública o de sitio, con la intención de paliar la necesidad que pudieran generar esas circunstancias, como fenómenos de la naturaleza, incluyendo terremotos, maremotos, huracanes, etc.

La Prodeco se convertirá en la única institución que fiscalizará las relaciones contractuales, nacidas entre proveedores, prestadores de servicios, consumidores y usuarios.

¿Será verdad tanta belleza?

(El consumidor y usuario Romualdo Sinunlen se sienta en la mesa y le pregunta al mesero: -Oiga, joven, ¿qué tiene de entrada? El mozo repone: -Una puerta de vidrio, señor).