Hoy se cumplen 23 años de la promulgación de la Constitución Política de la República. Tuve el privilegio único de editar los Diarios de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente (1984-1985). Logré tomarle el pulso al intenso debate entre los constituyentes y la apertura permanente para auscultar a las fuerzas vivas del país, con el fin de proteger los derechos humanos, conculcados frecuentemente durante la guerra interna. Esta preocupación está plasmada en la primera parte de la Carta Magna y en la creación de instituciones de control como el Procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y el proceso de Amparo.
Los constituyentes mantuvieron una postura no esencialista que condujo a concebir la Constitución como un proyecto inconcluso. El deseo de los legisladores de que perdurara se traduce en una imagen inacabada del Estado democrático de Derecho, como una empresa falible y susceptible de mejoramiento. Se trata de una «obra abierta» (un calificativo debido a Jí¼rgen Habermas), dado su carácter falible. No es un mero «documento histórico» muerto, sino un proyecto de sociedad justa que señala el «horizonte de expectativas» de una comunidad política y que sus miembros deben ir adaptando a los cambios sociales, después de sus sucesivas relecturas.
Los constituyentes nos heredaron un texto cuyos intérpretes más cualificados no son sólo los magistrados constitucionales sino los ciudadanos dispuestos a participar en una auténtica democracia deliberativa. Si en la actualidad no nos sentimos identificados con un proyecto de Nación de Naciones ni compartimos la doble raíz que alimenta nuestra cultura, sí tenemos la posibilidad de construir un «nacionalismo constitucional», esto es, reconocernos de manera reflexiva con los contenidos universales plasmados en la Constitución.
Este nacionalismo no es la adhesión por el lugar en que nos ha tocado nacer. Consiste en participar en la construcción de un país que reúna los requisitos exigidos por el constitucionalismo moderno. Desde una perspectiva democrática, de este modo podríamos sentirnos legítimamente orgullosos de pertenecer a una Guatemala que tiene ante sí el desafío de convertirse en un ámbito pleno de civilidad, tolerancia, observancia de las garantías constitucionales y de respeto de los derechos fundamentales.