Luego de veinte meses de trabajo, se rescataron las intensas jornadas de la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución (también conocida como Comisión de los Treinta) y del Pleno de la Asamblea Constituyente, que aprobaron la Carta Magna más desarrollada en la historia constitucional guatemalteca. Esta obra no está destinada sólo a investigadores y académicos, sino al público en general, para conocer las discusiones en torno a diversos temas, entre ellos, el derecho a la propiedad privada en función social, la pena de muerte, las asignaciones presupuestarias, las universidades y la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice.

Al remitirse al espí­ritu de los principios y valores reconocidos en la Ley Fundamental, se percibe una postura no esencialista entre los constituyentes, quienes adoptaron una comprensión dinámica de la Constitución, como un «proyecto inconcluso». El deseo de los legisladores de que ésta perdurara se traduce en una imagen inacabada del Estado democrático de derecho, como una empresa susceptible de perfeccionamiento. Se trata de una «obra abierta» (un calificativo debido a Jí¼rgen Habermas), con un carácter falible. No es un mero «documento histórico» muerto, sino un proyecto de sociedad justa que señala el «horizonte de expectativas» de una comunidad polí­tica y que sus miembros deben ir adaptando a los cambios sociales, después de sucesivas relecturas. Lo más importante de revisar los propósitos de los constituyentes es constatar que nos heredaron un texto cuyos intérpretes más cualificados no son únicamente los magistrados constitucionales sino los ciudadanos dispuestos a participar en una auténtica democracia deliberativa.

Si en la actualidad no nos sentimos identificados en rasgos comunes de tipo cultural ni compartimos la doble raí­z que alimenta nuestro pasado, tenemos la posibilidad de construir un nacionalismo constitucional, esto es, reconocernos de manera reflexiva con los contenidos universales plasmados en la Constitución. Este nacionalismo no es la adhesión por el lugar en que nos ha tocado en suerte nacer, sino aquel que reúne los requisitos exigidos por el constitucionalismo moderno. Desde una perspectiva democrática, sólo de este modo podrí­amos sentirnos legí­timamente orgullosos de pertenecer a un paí­s que, como Guatemala, tiene ante sí­ el desafí­o de convertirse en un ámbito pleno de civilidad.