La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó ayer que el derecho de cada persona a poseer un arma está garantizado por la Constitución y que no puede ser limitado en nombre de la seguridad pública.
Por cinco votos contra cuatro, la mayor instancia judicial del país confirmó la invalidez de una ley de la ciudad de Washington, capital del país, que prohíbe a sus habitantes poseer pistolas.
Es la primera vez en casi 70 años que la Corte Suprema se pronuncia sobre este tema ultrasensible en Estados Unidos, considerado por una gran parte de la población esencial para la identidad estadounidense.
Esta decisión podría permitir a los defensores de las armas cuestionar las leyes locales que regulan la posesión y licencia de armas, fundamentalmente las instauradas para luchar contra la criminalidad en grandes ciudades como Chicago o Nueva York.
La decisión fue celebrada de inmediato por el jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner: «Los estadounidenses, incluidos los residentes de la capital del país, deben tener la capacidad de defenderse y en términos de la Constitución ese derecho está claramente reconocido».
La cuestión tiene que ver con la Segunda Enmienda de la Constitución, que establece que «siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a tener y llevar armas no será transgredido».
Para la ciudad de Washington, el texto garantiza un derecho colectivo a tener armas en propiedad, en el marco de un servicio de Policía o de guardia.
Pero la Corte estimó que garantiza de hecho el derecho de cada ciudadano a poseer y portar armas, una interpretación defendida sobre todo por los millones de miembros de la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA).
«La opinión de la Corte no debe ser percibida como un cuestionamiento a las prohibiciones antiguas sobre la posesión de armas por personas con antecedentes penales o enfermos mentales, o las leyes que prohíben la portación de armas cerca de instalaciones sensibles como escuelas o edificios administrativos», destacó el juez Antonin Scalia.
Pero, subrayó, la ley de la ciudad de Washington era inconstitucional en la medida en que prohíbe la portación de una categoría entera de armas «que los estadounidenses eligen masivamente con el objetivo legal de la autodefensa».
La ley de Washington, promulgada en 1976, prohíbe a sus habitantes poseer pistolas y sólo permite tener rifles o escopetas en casa con la condición de que estén descargadas o trabadas.
En 2003, Dick Heller, habitante de un barrio sensible, demandó a la ciudad por violación de su derecho constitucional a portar armas. Aunque la denuncia fue rechazada en primera instancia, Heller ganó en marzo de 2007 la causa ante una corte de apelaciones federal.
La ciudad presentó entonces una demanda ante la Corte Suprema, insistiendo en la necesidad de reglamentar el acceso a las armas de fuego cortas, usadas en casi dos tercios de los robos y agresiones, y en más de la mitad de los 15.000 asesinatos anuales en el país, según estadísticas del FBI (policía federal).
La mayor instancia judicial del país no había analizado jamás este tema. En el siglo XIX determinó que la enmienda se refería a las leyes federales y dejaba a los estados la libertad de reglamentar el porte de armas y en 1939 validó una ley que exige registrar las armas llevadas de un estado a otro.
Según varios estudios, hay al menos 200 millones de armas de fuego en circulación en Estados Unidos, para 300 millones de habitantes. Y aproximadamente 45% de los hogares estadounidenses posee al menos una.
– Según varios estudios, existen al menos 200 millones de armas en circulación en Estados Unidos para 300 millones de habitantes. Aproximadamente el 45% de los hogares estadounidenses posee un arma.
– En 2006, los fabricantes de armas estadounidenses produjeron 1,5 millón de rifles, 1 millón de pistolas, 714mil escopetas y 382 mil revólveres. Solamente 367 mil de estas armas fueron exportadas, según las estadísticas más recientes de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF).
– Las armas de fuego son responsables de aproximadamente 30 mil muertes cada año en Estados Unidos (58% de suicidios, 40% de asesinatos y 2% de accidentes). Según el Brady Center (antiarmas), ocho menores mueren de esta forma cada día en el país. La Asociación Nacional del rifle (NRA) cuestiona esta cifra y destaca que un niño estadounidense tiene una chance en un millón de morir por un disparo accidental.
– Según el Brady Center, las armas cuestan 100.000 millones de dólares a la sociedad estadounidense cada año en ingresos perdidos por los muertos, gastos de tratamientos médicos para curar a los heridos, y gastos de justicia y de detención para castigar a los criminales.
– Desde 1994, una ley federal impone a los vendedores y reparadores de armas la verificación de los antecedentes de toda persona que quiera adquirir un arma. Prohíbe la compra a condenados por crimen, drogadictos, autores de violencia conyugal e individuos que sufren deficiencias mentales.
– Las reglamentaciones varían para cada Estado. Algunos, pero no todos, prohíben la venta a menores, o imponen un tiempo de reflexión para reducir los gestos pasionales. Otros prevén un entrenamiento especial o la inscripción en un registro antes de autorizar el porte del arma.