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Entrevistados consideran que hay diversas formas de violar la Constitución, tanto en lo civil y penal, pero generalmente en lo político, que es donde hay mayores violaciones a la Carta Magna.
Pese a que su trasgresión constituye un fenómeno social y jurídico sumamente delicado en el país, la Constitución sigue siendo violada sin que las instituciones a cargo de velar su cumplimiento sancionen a quienes incurren en ello.
A criterio de Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, existen muchas formas de violar la Constitución debido a la poca institucionalidad del Estado en Guatemala.
Canteo resaltó que la violación se genera en varios puntos: la garantía del derecho a la vida (mueren 6 mil personas al año por causas de la violencia), el derecho a la justicia, la seguridad y la paz: «los altos niveles de impunidad demuestran que la Constitución está puesta en contradicción por el nivel de inseguridad del Estado», detalló el experto.
El analista agregó que también se observan trasgresiones en el manejo de las cárceles del país, ya que la Constitución refiere que estas deben ser dirigidas por el Sistema Penitenciario y su administración debe ser de carácter civil, sin embargo, en la práctica no es así: «hay privados de libertad que están en manos de la PNC, las cárceles no tienen condiciones mínimas, el personal que las resguarda es militar», detalló.
Canteo agregó que a nivel de acceso a la información, las instituciones guatemaltecas también son mal calificadas en su cumplimiento constitucional, por ejemplo, en el acceso a los archivos militares.
«Otra clara violación constante es a los derechos laborales, ya que aquí las mujeres siguen ganando menos, los niños siguen trabajando y los campesinos siguen siendo explotados en el campo: pareciera que los derechos de los guatemaltecos existen en lo abstracto y no en lo concreto», indicó.
El entrevistado agregó que la poca institucionalidad es la que genera el incumplimiento a la Constitución porque históricamente ha sido sumamente débil y se han otorgado pocos recursos, además, hay mucha corrupción y falta de inversión en políticas públicas, lo cual genera una grave debilidad a la democracia.
SIN SANCIONES
Anabela Morfín, directora del Centro para la Defensa de la Constitución, expuso que entre los factores que generan las violaciones a la Carta Magna está la ignorancia, sin embargo, «esta no exime a nadie de su cumplimiento», indicó.
«En el país hay falta de compromiso con la legalidad y fraude de ley, hay funcionarios e instancias que buscan formas legales que vician la legalidad; hay muchas causas y la Constitución es violada por funcionarios de los tres organismo del Estado», declaró Morfín.
Sin embargo, la constitucionalista enfatizó que la Constitución es clara en su articulado y que en todo caso es sólo susceptible de ser desarrollada por leyes ordinarias que observen la normativa constitucional, y que a sabiendas de ello, se dictan otras normas y las violan.
La entrevistada señaló como muy grave que aunque se planteen acciones de inconstitucionalidad que son declaradas con lugar, la Corte de Constitucionalidad en sus resoluciones, no emiten de oficio sanciones contra los funcionarios: «existe un delito en el Código Penal, pero jamás ser ordena que se certifique lo conducente cuando se incurre en una violación constitucional», enfatizó.
Manfredo Marroquín, analista de Acción Ciudadana, opinó que el efecto genera en un Estado que incurre en constantes violaciones a la Constitución, es la percepción de que la Ley sólo se respeta cuando favorece a ciertos sectores de poder, lo cual deslegitima el Estado de derecho frente a la mayoría de la población.
«Hay un grave riesgo en la pérdida de legitimidad del Estado, es un peligro para la ingobernabilidad porque el Sistema ya no es sólido, sino cuestionado por cualquiera, porque no tiene la credibilidad», enfatizó Marroquín.
El entrevistado agregó que tanto la Corte Suprema de Justicia como la de Constitucionalidad están llamadas a evitar las violaciones a la Carta Magna: «Las cortes deben funcionar y sobre todo ser decisivas en su trabajo, sin embargo, eso no se da porque están rebasadas totalmente, necesitan reformarse y transformarse», indicó.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales considera que para que la Constitución sea respetada deberían enfatizarse algunos puntos:
Una reforma fiscal progresiva que permita al Estado brindar atención en lo económico, social y cultural, ya que sin recursos no se puede invertir en temas como justicia.
Respaldar la aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Implementar un sistema de carreras para evaluar el sistema de instituciones y funcionarios a todo nivel y fortalecer las leyes que contemplan las sanciones administrativas por corrupción.
Reformar el sistema de investigación criminal, apoya la iniciativa de Ley que permita la creación de una policía Criminal y revisar los manuales de procedimiento y protocolos, para que las instituciones coordinen sus acciones para el combate a la impunidad.
Que la sociedad civil se incorpore tanto en la fiscalización como en la propuesta de reformas.