El expresidente de Guatemala Alfonso Portillo hizo serias denuncias ayer señalando que detrás de los juicios que se instruyen en su contra existe una profunda conspiración, en la cual ha participado el actual Embajador de Estados Unidos, Stephen MacFarland, a quien acusó de estar violentando la soberanía nacional.
El exgobernante, cuya extradición ha sido promovida por la Fiscalía de Nueva York bajo el cargo de lavado de dinero, también enfrenta un proceso por el delito de peculado como consecuencia de su supuesta responsabilidad en la malversación de 120 millones de quetzales de los fondos del Ministerio de la Defensa.
Precisamente por este caso ayer se efectuó una audiencia de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, para decidir si ese proceso debía ser trasladado a un Tribunal de Alto Riesgo como lo pretendía la Fiscal General por influencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.
Al final, Portillo ganó la partida, pues los magistrados declararon sin lugar la petición, al considerar que el delito de peculado no aparece de manera autónoma dentro de los presupuestos de la competencia asignada a los tribunales que conocen de los procesos de mayor riesgo. Con esta resolución, el caso continuará su trámite en el juzgado Undécimo de Sentencia Penal.
Portillo expuso que como no han podido demostrar absolutamente nada de las acusaciones que pesan en su contra, por eso la Fiscalía estaba buscando un tribunal ad hoc para perjudicarlo.
El exgobernante anticipó que está analizando, con sus abogados, la posibilidad de promover una demanda internacional en contra del exjefe de la CICIG, el jurista español Carlos Castresana, a quien responsabiliza del hostigamiento ejercido sobre su familia, al grado que esa situación dio lugar a que su exesposa se suicidara en México.
También culpó de esas acciones a un asesor del Presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien habría llegado a México para intimidar a su exesposa diciéndole que «mejor se escondiera en cualquier parte». Dijo todo es una acción de revancha en su contra y que quienes quieren perjudicarlo le tienen odio.
La impresión que hay entre la ciudadanía, es que se trata de un linchamiento político y una venganza de los sectores oligárquicos por el hecho que Portillo no se doblegó ante sus intereses. En todo caso, las denuncias del expresidente son sumamente graves y no sólo ponen en entredicho la imparcialidad, objetividad e independencia de los jueces, sino, además, actualizan el debate sobre la injerencia de embajadores extranjeros en los asuntos internos del país en una abierta afrenta a la soberanía nacional.