La propuesta de Pérez Molina de extender el período de gobierno no es más que un distractor de la crisis de gobernabilidad y cortina de humo para ocultar la represión permanente contra los pueblos indígenas. Aunque Pérez intentó generarse apoyo de los alcaldes, al sugerir extenderles también a ellos el período, apenas un magro porcentaje de ciudadanos estaría a favor de esta medida. Para lo que sí hay consenso nacional es para modificar el período presidencial a menos tiempo: recortarlo a dos años y medio, para quitarnos de encima a Pérez y Baldetti a cortísimo plazo.
Como mínimo, Guatemala necesita el “artículo revocatorio”, como reforma constitucional, de manera que presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes puedan ser enviados a su casa, o mejor a la cárcel en muchos casos, si la población vota contra ellos después de dos años. Otra reforma constitucional resulta urgente: eliminar la Corte de (In) Constitucionalidad (CC), que ha demostrado una vez más su incondicionalidad a los “poderosos” con la farsa del reemplazo de la Fiscal General. Solamente falta que ahora, por exigencia de Pérez, autorice al Congreso a aprobar una reforma constitucional sin referendo.
Para oponerse, la población debe utilizar el derecho universal al “consentimiento libre, previo e informado” (CLPI) de los pueblos indígenas, para defenderse del autoritarismo. Éste es el muro que los pueblos indígenas del mundo han logrado erigir, con el apoyo de los Estados que aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, para evitar que se extiendan los 500 años de despojos y rapiña de los colonizadores, hoy, burguesías opresoras. Según el CLPI, no se puede iniciar, mucho menos desarrollar, ningún proyecto en las tierras y territorios indígenas, sin lograr su consentimiento libre, sin amenazas ni coerción; previo, antes de hacer actividades, aún de exploración; e informado, es decir, claramente determinados los costos y beneficios de los proyectos. Solamente cuando los pueblos indígenas digan sí, podrán iniciarse proyectos públicos o privados. Estas condiciones que aún las naciones poderosas deben respetar, obligan a desmilitarizar las tierras y territorios indígenas (para eliminar la coerción); usar la policía para frenar la delincuencia en vez de agredir a la población, incluidos ancianos, mujeres y niños; y parar todos los trabajos que no gocen de consentimiento, desde La Puya y otros sitios amenazados hasta los proyectos hidroeléctricos, con beneficios para pocos ricos y costos a los pueblos. El siglo XXI será de nuevas luchas de los pueblos indígenas; pero no están solos. Los pobres del mundo, castigados por el neoliberalismo, y las capas medias, agotadas en su lucha diaria, están llegando a la desesperación e identifican que los cambios se lograrán asumiendo como propia la lucha campesina, popular e indígena. Exhortamos a guatemaltecas y guatemaltecos en el país y fuera de él a apoyar a la población que defiende sus derechos en La Puya. Todos los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Declaración de la ONU deben ser respetados, defendidos y promovidos.