Conmoción entre magistrados y jueces por informe de la CICIG


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El informe de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), causó conmoción en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Organismo Judicial (OJ). Jueces se manifiestan preocupados, mientras el MP señala que el informe contiene elementos para iniciar investigaciones. Analistas instan a que sean un llamado a fortalecer controles internos en las instituciones.

POR JODY GARCÍA
jgarcia@lahora.com.gt

Marco Antonio Canteo, analista de Seguridad en Democracia (Sedem), indicó “cuando hay señalamientos públicos contra funcionarios debería haber una reacción inmediata y de oficio por parte de las instituciones, pues solo cuando señala un ente internacional como la CICIG, existen reacciones”.

También instó a que las demás instituciones del sector justicia inicien procesos de depuración para evitar desnaturalización de las funciones.

Ramón Canteo, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), opinó que desde hace tiempo se ha evidenciado que los mecanismos de disciplina y de control en la judicatura han sido deficientes, por lo que también insto a la CSJ de fiscalizar la Unidad de Supervisión de Tribunales y la Junta de Disciplina Judicial (JDJ), “porque allí deben haber muchos más casos contra jueces”.

CONMOCIONADOS
Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ), indicó que esta mañana se reunieron para entrar a conocer el informe, del que no han sido notificados oficialmente, y reconoció que les preocupan los señalamientos incluidos en él.

Por tal motivo, anunció que acudirán al Ministerio Público (MP), para reunirse con Claudia Paz y Paz, fiscal General, para solicitarle que cualquier resolución que tomen, sea en base a la objetividad y el debido proceso.

ANALIZAN INFORME
De la misma forma, Gabriel Medrano, presidente de la CSJ, reconoció que aunque las denuncias contra los jueces son constantes, no consideran que sean un llamado de atención, ya que “ninguno de ha sido vencido en juicio en la JDJ”. Por otro lado, insistió en el principio de presunción de inocencia, para los jueces con señalamientos de corrupción desde años anteriores. 

Sin embargo, dijo que la Corte implementará a partir del próximo año un nuevo sistema de evaluación de desempeños para los jueces. En dicho sistema, la disciplina representa un diez por ciento, dentro de los aspectos a evaluar para renovar el nombramiento de un juez.

Mientras que Gabriel Gómez, presidente de la Cámara Civil, calificó de positiva la presentación del informe de la CICIG, “para que finalmente se realice una investigación y se aclaré si efectivamente existen hecho anómalos o no”.

LAS INVESTIGACIONES
Javier Monterroso, asesor de la Fiscal General, dijo que dicho informe contiene elementos para emprender investigaciones contra los juristas y que ya se encuentran analizando qué fiscalía estará a cargo de las investigaciones.

“En corto tiempo podremos determinar si se puede iniciar persecución penal en contra de los jueces que señala la CICIG, hay otros contra los que ya se ha iniciado acciones de prevaricato”, señaló.

El informe “Los jueces de la Impunidad”, señala a 18 togados: Mario Fernando Peralta Castañeda y Rossana Maribel Mena Guzmán, Julio Gerónimo Xitumul, Irma Leticia Valenzuela, Patricia Anabella Veras,  Coralia Carmina Contreras, Carlos Antonio Aguilar, Silvia Coralia Morales, Artemio Tanchez, Héctor Echeverría, Fausto Corado Morán y Byron de la Cruz, Dina Josefina Ochoa Escribá, Sergio Leonel Castro Romero, Silvia Violeta de León Santos, Amílcar Enrique Colindres Hernández, Verónica Galicia Marroquín y José Eduardo Cojulún,

JUECES
Los señalados

El informe señala directamente a los siguientes jueces:

Mario Fernando Peralta Castañeda y Rossana Maribel Mena Guzmán, por haber sido captados por estructuras criminales.

Julio Gerónimo Xitumul, Irma Leticia Valenzuela, Patricia Anabella Veras y Coralia Carmina Contreras por favorecer la impunidad.

Carlos Antonio Aguilar, Silvia Coralia Morales, Artemio Tanchez, Héctor Echeverría, Fausto Corado Morán y Byron de la Cruz, por favorecer estructuras criminales que adversan la presencia de la CICIG en Guatemala.

Dina Josefina Ochoa Escribá, Sergio Leonel Castro Romero, Silvia Violeta de León Santos, y Amílcar Enrique Colindres Hernández, por dictar fallos que han favorecido a personas vinculadas al poder corrupto a los jueces

Y a Verónica Galicia Marroquín y José Eduardo Cojulún, por emitir resoluciones que han favorecido a un poder difuso.