Representantes de las 37 comunidades que habitan en el parque Laguna del Tigre, en el municipio de San Andrés, Petén, rechazan ser apoyados por el narcotráfico y exigen que se esclarezcan los hechos ocurridos durante la incursión armada, donde presuntamente murió una persona.
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Ricardo Estrada, miembro de la comunidad Santa Amelia, donde un contingente de soldados y policías, con uso de la fuerza, incursionó para liberar a dos guardabosques del Consejo Nacional de íreas Protegidas (Conap), refutó que la situación se diera como lo informaron las autoridades.
En conferencia de prensa, los comunitarios responsabilizaron al gobernador departamental de Petén, Rodel ílvarez, y a la directora regional del Conap, Mariela López, por no haber aceptado dialogar con los pobladores, que habían sido desalojados con anterioridad de la comunidad llamada El Vergelito, el pasado 20 de enero.
A raíz del primer desalojo, los habitantes decidieron movilizarse hacia Santa Amelia, donde presuntamente tenían detenidos a dos guardarrecursos desde hacía cinco días. No obstante, Estrada rechazó totalmente que se hubiese detenido a las personas.
Los comunitarios exigen a las autoridades que se esclarezca la cantidad de personas que fueron heridas, detenidas y las que resultaron muertas, ya que sospechan que hay más de un fallecido, como oficialmente se dijo.