De conformidad con nuestro sistema jurídico y tradición occidental democrática, el poder proviene del pueblo; como garantía existe la división de poderes y la no subordinación de los mismos.

Los guatemaltecos conscientes hemos manifestado que la carga tributaria que existe en el país debe ser adecuada y suficiente para que el Estado cuente con los recursos que le permita garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

De conformidad con el ordenamiento legalmente vigente, el Presidente de la República dentro de sus funciones tiene la de presentar iniciativas de ley al Congreso de la República y al hacerlo así debe de auxiliarse por el ministro que corresponda, según el tema.

El Poder Legislativo recibida una iniciativa de ley debe darle el trámite correspondiente y a través de la comisión respectiva estudiarla, aprobarla, enmendarla o darle dictamen negativo, según proceda de conformidad con el criterio de la mayoría de los integrantes de la comisión respectiva, quienes como representantes del pueblo y dignatarios de la nación deben de actuar sin subordinación, buscando el bien común.

En todo país y en el nuestro en particular, “corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a la necesidad del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria”. Por consiguiente, cualquier iniciativa de ley, en este aspecto, que el Ejecutivo envíe debe de cumplir con la equidad y justicia tributaria, hecho que los 158 diputados tienen la obligación de velar porque se observe y cumpla.

La iniciativa de ley denominada “Actualización tributaria” que con fecha 7 de febrero de 2012 presentara al Congreso el Presidente de la República y el Ministro de Finanzas adolecen de estos conceptos por cuanto su planteamiento de modificar el Impuesto Sobre la Renta, reduciendo del 31% al 25% el pago para las actividades lucrativas e incrementando el pago del 5% al 7% para las rentas de trabajo, no es ecuánime. Los ciudadanos que participaron en la votación no están siendo representados y defendidos por la mayoría de legisladores por cuanto la “Actualización Tributaria” vuelve a ser injusta, afectando a los asalariados y a los profesionales. Contrariamente, beneficia a los grandes y medianamente grandes empresarios.

Los diputados perfectamente pudieron enmendar la propuesta y en lugar de aumentar en un 40% el pago de Impuesto Sobre la Renta a la clase media, haber incrementado el impuesto sobre reparto, acreditación a cuenta o entrega de utilidades que hoy se establece con un 5% en uno, dos o cinco puntos porcentuales, con lo cual hubieran gravado a quienes más capacidad de pago y riqueza poseen, hecho que incluso hubiera fomentado que las utilidades fueran reinvertidas como ampliación a capital y así no pagar impuestos, creando fuentes adicionales de trabajo.
Los diputados también fallaron al incrementar el Impuesto de Circulación porque el mismo no sólo es un impuesto indirecto sino que además pudo haber sido suplido perfectamente por el aumento de regalías que justamente debieran pagar las empresas extranjeras que explotan el subsuelo propiedad de todos los guatemaltecos y que en el momento actual se están haciendo multimillonarios, especialmente en la extracción de oro y plata.

“Lo hecho, hecho está”, más de dos terceras partes de los diputados le fallaron a la mayoría de los votantes por falta de voluntad propia.