Como es notorio, durante los años recientes la cámara parlamentaria y sus integrantes han caí­do en evidente descrédito a causa actuaciones perniciosas de un grupo de legisladores, y que se agudizó en los meses precedentes a raí­z de la triangulación de Q82.8 millones, cuyo escándalo provocó que el presidente de ese organismo, diputado Eduardo Meyer, se viera forzado a pedir permiso al pleno del Congreso, mientras se diluí­a la crisis, al menos a la vista de la población, porque pretende retornar al cargo durante los primeros dí­as de agosto.

Mientras los tribunales de justicia no condenen o absuelvan al ex rector de la Universidad de San Carlos, no voy a señalarlo como culpable de los cargos que se le puedan inculpar; pero salta a la vista que su imagen pública ha quedado maltrecha aunque no se haya beneficiado del aquella triangulación, que llegó a salpicar al ex candidato presidencial Otto Pérez Molina, del Partido Patriota.

El diputado Crespo, por su parte, está intentando lavarle la cara al Congreso, y pese a las inveteradas crí­ticas de que ha sido objeto de parte de sus detractores, especialmente por ser uno de los más allegados al general Efraí­n Rí­os Montt, su actuación ha sido satisfactoria al frente del Organismo Legislativo, como lo reconocen hasta sus adversarios polí­ticos, de tal manera que no serí­a extraño que fuera postulado para ejercer la presidencia del Congreso durante el próximo perí­odo legislativo.

Según el citado proyecto de reformas, Crespo considera que la práctica ha demostrado la necesidad de establecer mecanismos que permitan al Congreso de la República, por medio de su junta directiva, tener pleno conocimiento sobre la administración del personal técnico, profesional y de servicio, así­ como de los recursos presupuestarios que anualmente le son asignados a este Organismo, para lo cual se persigue establecer controles sobre el ahorro de los recursos financieros que se tienen acumulados.

Para el efecto, propone la creación de una estructura apropiada que le permita a la junta directiva delegar determinadas funciones administrativas y de recursos humanos, con la salvedad de que los directores General, Legislativo, Financiero, Administrativo, de Personal y de Auditorí­a Interna no serán designado a voluntad y capricho del presidente del Congreso ni de la junta directiva, sino que esos cargos se adjudicarán por medio de concursos de oposición y con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados.

Serí­a tedioso anotar las funciones que corresponderán a los seis principales funcionarios no legislativos del Congreso, pero debo advertir que, desde mi perspectiva, para cumplir con el procedimiento que plantea el diputado Crespo, presumo que los candidatos a ocupar los cargos mencionados tendrí­an que realizar una intensa labor de cabildeo, y ahí­ es donde se corre el riesgo de se establezcan compromisos ocultos que desvirtuarí­an el proyecto de reformas, como ha ocurrido con funcionarios de otras instituciones que son elegidos por el Congreso, después de pasar el supuesto colador de las comisiones postuladoras.

Por supuesto que la iniciativa de Crespo es conveniente para intentar transparentar las actividades del Congreso, incluyendo su junta directiva; pero si los diputados realmente aspiran a contar con la confianza y la credibilidad de la población, deberán redoblar sus esfuerzos para evitar actuaciones bochornosas de algunos o muchos de sus compañeros, y eso no es posible mediante códigos de conducta no coercitivos, es decir, que son de aplicación voluntaria, espontánea.

En otras palabras, para cambiar la imagen del Congreso, además de nuevos procedimientos, es necesaria la voluntad polí­tica de todos los diputados.

(Un escrupuloso diputado le comenta a Romualdo Sinpisto: -No todo es dinero en la vida, mi amigo. También hay cheques, tarjetas de teléfono celular, cajas chicas, viáticos).