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A través del Decreto 59-2008 el Congreso de la República reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, barreras que el Estado de Guatemala ha venido rompiendo al ofrecer a las personas en discapacidad, la legislación que vela por la garantí­a de sus derechos en igualdad de condiciones.

La Convención de la ONU avalada por los Legisladores tiene como fin promover, proteger y asegurar el goce pleno de condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.

Dentro de los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad están entre otros: el respeto de la dignidad inherente, la autonomí­a individual, incluida la libertad de de tomar decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusiones plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad.

En ese sentido, el Estado como tal deberá cumplir con algunas obligaciones para promover el respeto e igualdad de la personas con discapacidades y desde luego adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra í­ndole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención.

Igualmente debe tomar todas las acciones en el ámbito legislativo para modificar o derogar las leyes, mientras que el Ejecutivo revisar los reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad y en ese caso eliminarlas.

Además de promover la investigación y el desarrollo, la Convención allana el uso de nuevas tecnologí­as, incluidas las relativas a la información y las comunicaciones, en beneficio de las personas con discapacidad.