El Congreso opositor ecuatoriano planteó ayer una salida a la crisis política, declarándose dispuesto a anular su decisión de cesar al presidente de la corte electoral, a cambio de que ésta revoque la destitución de 57 legisladores acusados de obstruir una reforma constitucional.
«Esa es una alternativa válida que la he venido trabajando desde la mañana, precisamente conversando con altas dignidades para lograr un entendimiento», dijo el presidente del Legislativo, el derechista Jorge Cevallos, quien no fue removido.
«Si se han cometido excesos de parte y parte, éstos tienen que desaparecer», agregó.
Previamente el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), René Mougé, propuso reversar la destitución de los legisladores si el Parlamento pone fin a las maniobras contra la consulta sobre la Constituyente, incluida la cesación del titular del organismo, Jorge Acosta, quien descartó negociar.
Poco antes, el presidente socialista Rafael Correa aseguró que la oposición de derecha fue vencida y el país avanza de manera «irreversible» hacia la Constituyente, que podrá revocar el Congreso y cuya instalación se definirá en el plebiscito convocado por el TSE para el 15 de abril.
«Vamos a esa Asamblea, ya están vencidos, hagan lo que hagan la consulta popular es irreversible y la Constituyente también», dijo Correa, en el poder desde el 15 de enero, a una multitud desde un balcón del palacio de gobierno.
Unos 800 policías acordonaron el Congreso (de 100 curules) para impedir el ingreso de los destituidos, luego de que el gobierno anunciara que haría respetar la decisión del TSE.
El Ejecutivo estimó que la crisis no afectará la imagen del país, mientras que la coalición de derecha dijo que denunciará el caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por falta de quórum, la sesión legislativa de ayer fue cancelada, aunque los destituidos dijeron continuarán deliberando en una sede alterna.
«El Congreso no es un edificio, lo conformamos los diputados que seguimos siendo nosotros», aseguró Gloria Gallardo, jefe de la bancada del PRIAN, primera fuerza parlamentaria.
Aunque Gallardo anunció que los diputados irían al hemiciclo para denunciar la «dictadura» de Correa, sólo unos pocos acudieron al lugar, donde se agolparon manifestantes que apoyan las destituciones.
Los congresistas intentaron sesionar en un hotel de Quito, desatándose disturbios que dejaron una mujer y un diputado contusos.
El TSE cesó a los 52 diputados que «sustituyeron» el martes a Acosta por convocar el referendo sobre la Asamblea, con la cual Correa busca que se redacte una nueva Constitución, reducir el espacio a la «partidocracia» e insertar a Ecuador en el «socialismo del siglo XXI».
También destituyó a cinco congresistas que demandaron la convocatoria ante el Tribunal Constitucional (TC).
Acosta advirtió que también cesará a los magistrados de esa corte si admiten la querella.
El Parlamento cesó al magistrado con el argumento de que violó la Constitución al citar el referendo sin remitirle el estatuto del mismo tras ser modificado por el gobierno, el cual prevé disolver el Congreso.
El Legislativo autorizó el plebiscito el 13 de febrero, aunque cambió el reglamento indicando que la Constituyente debe respetar los resultados de las elecciones parlamentarias de octubre -en las que Correa no presentó candidatos-, y las presidenciales de noviembre.