El Congreso opositor de Ecuador analizará el lunes la consulta sobre una Constituyente luego de otra semana de dilaciones en la que el gobierno bajó el tono de confrontación, sin dejar de advertir sobre nuevas protestas contra el Legislativo.
Pese a que varios bloques de oposición anuncian su apoyo a la Constituyente, el Parlamento no ha logrado en las últimas tres semanas ponerse de acuerdo para analizar si autoriza o no la consulta convocada para el 18 de marzo por el presidente socialista Rafael Correa, en el poder desde el 15 de enero.
En medio de denuncias de la izquierda minoritaria sobre un bloqueo al plan gubernamental, el Legislativo se instalará el lunes en sesión extraordinaria para tratar el tema de manera exclusiva.
«El Congreso se ha puesto el lunes como fecha para abordar el tema. Esperamos que ese día se resuelva definitivamente», declaró el jueves el ministro del Interior, Gustavo Larrea, a la prensa extranjera.
Empero, alertó que «no vamos a admitir que le pongan bozales a la Asamblea», pues los diputados prevén cambiar el reglamento propuesto por Correa a fin de que la Constituyente no tenga plenos poderes como para disolver el Congreso.
«Los cambios que se han propuesto hasta el momento son de forma, no son fundamentales. El presidente ha dicho que está dispuesto a aceptar algunos cambios en aras de evitar la confrontación», dijo Larrea.
El ministro llamó al Parlamento unicameral a que «entienda que la consulta es un clamor nacional y que no puede seguir obstaculizándola».
Incluso dejó latente la posibilidad de nuevas protestas de sectores oficialistas contra los legisladores, como las del 30 de enero, que dejaron tres heridos y forzaron el desalojo del hemiciclo.
«Hay sectores sociales que legítimamente se manifiestan en favor de la Asamblea», señaló el funcionario, al tiempo que el sector indígena anunció movilizaciones a favor de la Constituyente para la próxima semana.
Correa sostiene que la Carta Política promulgada por una Constituyente en junio de 1999 lo faculta para convocar la consulta sobre la Asamblea, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no acató su orden de organizarla y puso el tema a consideración del Congreso el 23 de enero.
La pugna con el Legislativo se debe a que éste defiende la atribución de aprobar o no propuestas sobre reformas constitucionales.
El ministro del Interior anotó que «hay que esperar que los hechos se produzcan y no pelear contra fantasmas», enfatizando que «entendemos que puede haber temores y por eso hemos hecho algunas precisiones: no estamos interesados en disolver las instituciones del Estado».
Estimó que debido a la oposición del Congreso, la consulta podría ser postergada para abril.
El bloque de izquierda planteó que el plebiscito sea devuelto al TSE para que lo organice sin el aval del Legislativo.
Entretanto, el analista político Ricardo Noboa manifestó que «no se entiende una serie de mensajes esquizoides que manda el sistema político ecuatoriano».
Señaló que la falta de respaldo decidido al proyecto de Correa deja entrever que «detrás se juegan una serie de intereses políticos» como ocupar espacios de poder, mientras que el país «mira absorto la imposibilidad de concretar la Asamblea».