El hecho que el Congreso de la República, a través del Decreto Número 25-2010, Ley de la Actividad Aseguradora, haya aprobado la existencia de normas penales para estimular el oligopolio de las compañías aseguradoras guatemaltecas, es una situación que debería estar siendo cuestionada por CACIF, por los seguidores de Manuel Ayau (q.e.p.d.), por la Universidad Francisco Marroquín y sus principales catedráticos que también son columnistas en diferentes medios de comunicación social.
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En qué país del mundo existe una pena de cinco a diez años de prisión inconmutables y una multa de diez mil a 100 mil quetzales para aquellas personas que coloquen o vendan a personas nacionales o extranjeras seguros, sin estar autorizados.
En qué país, la persona individual o jurídica que comercialice pólizas, sin estar legalizado, será sancionada de uno a cuatro años de prisión y multa que va de cinco mil a 50 mil quetzales.
No existe ningún país que lo haya hecho, lo único que se puede pensar es que más de algún dichoso diputado pasó a mucho mejor vida gracias a los estudios y cabildeos que pudo haber hecho al respecto ya que por supuesto las pocas empresas aseguradoras que monopolizan el mercado nacional se encontrarán aún más en la gloria con este oligopolio y con esta arma improcedente para obligar a los guatemaltecos a que consuman, a los precios que ellos digan y en las condiciones que les dé la gana, sus pólizas de seguros, logrando con ello mayor enriquecimiento.
Interesante sería saber qué opinan los países acreditados en el nuestro por esta decisión de cercenar el libre mercado, que también vulnera los tratados de libre comercio que existen al respecto.
Recordemos que Costa Rica tuvo que abrir su mercado de seguros y no cerrarlo, para poder estar dentro de lo adecuado en las normas comerciales internacionales. Menos mal que hubo una bancada, la del Partido Patriota, que se opuso y se salva del repudio que el resto de las bancadas merecen al haber aprobado semejante aberración jurídica. Digan lo que digan y aunque los negritos se vuelvan canches, el hecho es injustificable.
El Organismo Ejecutivo constitucionalmente tiene la facultad de vetar las leyes, qué positivo sería que esa desatinada disposición que contiene normas penales injustificables fuera vetada por el Presidente de la República, aunque creo que el mandatario no se atreverá a hacerlo, pues ello le crearía molestias adicionales con los dueños de las aseguradoras guatemaltecas, dentro de las cuales se encuentran conocidos personajes que siempre hablan de libertad de empresa pero que por supuesto no la respetan, ni la aplican cuando de sus bolsillos se trata.
Ya comprobaremos que la ampliación del monopolio u oligopolio implicará la elevación de los precios de las pólizas de seguros, nuevas redacciones que registrarán ante la Superintendencia de Bancos, institución que sólo sirve de registro pues no tiene facultades para requerir que las pólizas de seguro no sean contratos unilaterales, donde las aseguradoras y afianzadoras se sirvan a su sabor y antojo, especialmente en la letra pequeña, lo que les permite continuamente evadir el cumplimiento de lo que sería su responsabilidad ante el usuario que de buena fe compró una póliza de seguro para trasladarles el riesgo de vida, salud o de destrucción de bienes, creyendo que con ese pago se evita un riesgo y no sólo produce un gasto estéril.
Emplazo a los diputados que justifiquen por qué crearon esa aberración jurídica y condenaron nuevamente al consumidor a vivir más jodido.