Un polémico acuerdo que el gobierno de Cristina Fernández e Irán firmaron con la aparente intención de esclarecer el atentado contra una mutual judía en 1994 logró hoy el aval de la Cámara de Diputados argentina y ahora resta que sea aprobado por el Parlamento iraní para su vigencia plena.
BUENOS AIRES Agencia AP
Israel cuestionó que Argentina firme un acuerdo con Irán, un estado al que considera «terrorista» y negador del Holocausto, mientras que las organizaciones judías y parte de los familiares de las víctimas temen que el caso quede impune.
La iniciativa, aprobada hace una semana en el Senado, se convirtió en ley con el voto favorable de 131 diputados y 113 en contra tras un debate que comenzó el miércoles al mediodía y se extendió hasta la madrugada del día siguiente.
Familiares de las víctimas del ataque y organizaciones comunitarias judías protestaron contra el acuerdo frente a la sede del Congreso. «No traicionen la memoria de las víctimas. No al acuerdo con Irán» fue la consigna de la marcha organizada frente al Parlamento argentino por los familiares de las víctimas, acompañados por unas 5.000 personas.
El denominado «Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán» fue firmado en enero. Según la cancillería argentina tiene por objetivo «destrabar» el estado de la causa judicial que investiga la autoría del citado atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos.
El acuerdo abre la puerta a la justicia argentina para indagar por primera vez a los sospechosos del ataque.
Buenos Aires y Teherán también acordaron la creación de una «comisión de la verdad» integrada por cinco juristas de nacionalidades distintas a la argentina y la iraní para avanzar con la causa. El entendimiento sostiene que los juristas pueden dar recomendaciones sobre cómo proceder con la causa en el marco de la ley y regulaciones de ambos países, a partir de las pruebas que recaben sobre cada uno de los sospechosos.
La oposición cuestionó el acuerdo por considerar que Argentina está cediendo la jurisdicción de su justicia. Otros apuntaron que hay un interés económico en el pacto para mejorar el intercambio comercial entre ambos países.
En respuesta a las críticas, el gobierno de Fernández ha dicho que este entendimiento es el único camino para impulsar una investigación paralizada desde hace más de una década por la negativa de Irán de entregar a la justicia argentina a los cinco iraníes presuntamente involucrados en el atentado y sobre los que pesa una notificación roja emitida por Interpol.
Los únicos que podrían ser interrogados en Teherán son el ministro de Defensa, Ahmad Vahidi; el ex ministro de Inteligencia, Alí Fallahijan; el ex consejero de la Embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani; el ex tercer secretario de la embajada, Ahmad Reza Asghari y el ex jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai.
El canciller argentino Héctor Timerman sostuvo que el entendimiento «permitirá que se cumplan las diligencias procesales que indica el código penal para que la cause avance y se destrabe y que los imputados estén frente a un juez argentino y éste los interrogue».