Según el informe sobre inversión extrajera directa a nivel mundial de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la región centroamericana y el Caribe incrementaron en 36% los flujos de capital externo.
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Este rubro se destinó a la inversión en megaproyectos relacionados con energía y minería, los cuales han generado enfrentamientos en las comunidades que se oponen a la instalación de tales planes. Sin embargo, los gobiernos han autorizado de manera acelerada su ejecución.
El informe Derechos humanos y Conflictividad en Centroamérica detalla que en el caso de El Salvador, la mayoría de los 24 departamentos cuentan con autorización del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, sin que la población conozca información sobre tales acciones.
«El 79.7% de personas entrevistadas para una encuesta elaborada por la Universidad Centroamericana Simeón Cañas, aseguró que en el país no se estaba desarrollando ningún proyecto minero o admitió desconocer sobre su ejecución», refiere el documento.
En Guatemala se han realizado consultas populares donde las comunidades han plasmado su oposición a tales actividades y muchas comunidades en resistencia han sido desalojadas de manera violenta. «En 2007 se informó sobre 49 desalojos forzados de áreas rurales», según el documento.
La información indica que en Panamá se han otorgado unos 25 permisos para efectuar actividades mineras, mientras que en el caso de Honduras, estas actividades han sido autorizadas en 33% del territorio.
Los tratados de libre comercio como el írea Libre de Comercio de las Américas, donde se circunscriben el Plan Puebla Panamá, y TLC entre Estados Unidos y Centroamérica, han sido fundamentales para que los gobiernos impulsen megaproyectos que pretenden la integración vial, energética y biológica, con los cuales se afecta a gran cantidad de poblaciones empobrecidas.