En un país con altos niveles de conflictividad -principalmente por el tema de tierras e instalación de megaproyectos- el diálogo debería ser la principal vía para la resolución de los problemas sociales. Sin embargo, el sistema nacional creado para promover la resolución de los conflictos de forma pacífica y justa no tiene mayor incidencia en las 1,800 disputas de tipo agrario y los 40 focos de resistencia a la minería e hidroeléctricas.
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Para resolver los problemas sociales, el Ejecutivo desarrolla “mesas de diálogo” con las que pretende la búsqueda de soluciones conjuntas al lado de las partes en oposición, y de esa forma evitar enfrentamientos violentos o agresiones.
La complejidad que representa cada tema es un desafío que exige un diálogo que ayude a solucionar los problemas latentes, sin embargo, existe una percepción a nivel nacional que este solo sirve para dilatar la problemática y no se logre dar una verdadera solución a las demandas planteadas por la población.
Jesús Gómez, gerente de Atención a la Conflictividad Social, del Sistema Nacional del Diálogo, dice “que los ejercicios de distintos espacios de diálogo han quedado poco limitados en resultados o eficiencia”, pero analistas consideran que hay aspectos profundos que impiden resolver la conflictividad. (Lea: “¿Qué es lo que queda? No es la fuerza”).
PROBLEMAS DE ESTADO
Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), explica que la conflictividad no se origina de una sola causa o por una razón sencilla, sino que deriva de una serie de problemas que han sido desatendidos por el Estado, mientras que la efervescencia social afloran cuando los actores que han quedado al margen del desarrollo reclaman activamente a las autoridades responder a sus demandas y no tienen respuesta.
Por ejemplo, la oposición a las hidroeléctricas no se deviene únicamente de la modificación de los caudales de los ríos, sino también del impacto ambiental que generan las obras, la modificación de los esquemas comunitarios de producción y la limitación de beneficios sociales a unas pocas personas de las comunidades, que pesar de tener acceso a empleos, son mal pagados. Esto hace que los comunitarios reclamen respuestas del Gobierno, aunque muchas veces no se les escucha.
Castillo dice que la lucha social no consiste en una simple oposición a los proyectos, sino en la demanda de una serie de necesidades insatisfechas a las cuales el Estado no ha dado respuesta de manera histórica. Por otro lado, los esfuerzos del Gobierno para resolver los problemas sociales son inefectivos porque solo se atajan los focos emergentes de conflictividad y no se escucha al pueblo, como cuando la población dice “no” a la minería en una consulta comunitaria, pero las autoridades desconocen el resultado y otorgan las licencias de exploración y explotación.
Ya una vez que la población protesta prohibiendo el paso a los vehículos de la empresa o tomando las instalaciones de la minera, por ejemplo, el Gobierno monta una mesa de diálogo, pero ya la comunidad tiene un férreo rechazo al proyecto y es difícil resolver los problemas sociales atrás de las mesas de diálogo.
“Lo que estamos viendo en la conflictividad social es que hay una gran cantidad de temas a los que el Estado no le ha dado respuesta y que ahora los descontentos se están articulando alrededor de la explotación de los recursos naturales”, dice Castillo.
A criterio del analista, todos los temas de conflictividad que se encuentran en el país convergen en la oposición a la explotación de los recursos naturales, porque en otros temas no se había logrado ese nivel de movilización. “Vemos una convergencia de múltiples actores sociales que hacen una resistencia en torno a la explotación de recursos naturales aunque tengan otras agendas de lucha; este se ha convertido en el bastión ideológico de rechazo al modelo económico imperante en el país”, indica el analista.
LIMITACIONES
Para Catalina Soberanis, analista independiente, después de la firma de los Acuerdos de Paz han surgido nuevas conflictividades sociales, sobre todo por la privatización de los servicios públicos y la introducción de nuevas formas de explotación de los recursos naturales.
Y en la medida en que esos problemas no tienen una salida normativa o institucional, se vuelven cada vez más difíciles para enfrentar, señala la exdiputada. Los procesos de diálogo llegan muchas veces al final al encontrarse con problemas de naturaleza normativa, como lo manifestaron las autoridades respecto a la nacionalización de la energía eléctrica; primero se privatizó en los años 90 y ahora se plantea que no se puede revertir con una nacionalización porque habría obstáculos legales en el proceso.
A criterio de la analista, hay dos clases de conflictividad. Por un lado pueden ser estructurales y por el otro los problemas institucionales o normativos, y en ambos casos el diálogo no puede sustituir lo que establece el marco jurídico del país.
De esa cuenta, según Soberanis, el diálogo y la negociación se deben utilizar para encausar los conflictos hacia vías menos violentas, de tal manera que puedan ser procesados de mejor manera por las partes para reducir el costo humano, el enfrentamiento e incluso la pérdida de vidas.
Además, indica que en el momento actual se está viviendo conflictividad por la tierra y el territorio, sobre la exploración de los recursos naturales y por la prestación de servicios públicos.
Soberanis considera que sí hay avances en los temas de conflictividad, pero que son de tan baja magnitud y de gran complejidad, que se percibe que el diálogo no se avanza como se esperaría para encontrar soluciones antes de los actores se radicalicen.
Hay una acumulación histórica de problemas y una diversificación de los conflictos; los Gobiernos hacen esfuerzos, pero existen barreras, como la falta de voluntad política y en otros casos puede ser que la correlación de fuerzas impida que se resuelvan los problemas, dice Soberanis.
SOBREPASAN CAPACIDADES
Entre tanto Luis Mack, analista independiente, indica que el diálogo tiene pocos avances porque las temáticas o causas de la conflictividad son tan profundas que sobrepasan la capacidad de las mesas de diálogo, que no está ancladas a todo el andamiaje de la institucionalidad del Estado,
“Lo que hacen es entretener a la gente, la cual ya se encuentra cansada de ese tipo de estrategias, que lo único que pretende es taparle el ojo al macho, pero no existe una estrategia de mayor envergadura o más serias que permitan realmente mediar y tener la capacidad de tomar decisiones”, señala Mack.
A criterio de Mack, la confrontación que existe por la conflictividad surge por la tensión que se acumula en los problemas históricos sin resolver y se combina con una serie de circunstancias sociopolíticas, como las campañas electorales.
Además, indica que la conflictividad es estructural combinada con factores como la pobreza y la ineficiencia del Estado así como la ausencia rectoría de la institucionalidad. “Hay que mejorar las políticas públicas y su articulación para el funcionamiento de las instituciones del Estado”, indica.
“¿Qué es lo que queda? No es la fuerza”
Jesús Gómez, gerente de Atención a la Conflictividad Social, del Sistema Nacional del Diálogo, habló sobre los procesos de diálogo en medio de los conflictos y los problemas en el alcance de acuerdos.
POR EDER JUÁREZ
ejuarez@lahora.com.gt
¿Cuál es la visión de la conflictividad para el Sistema Nacional del Diálogo?
Un punto de partida es que en el país se observa una agudización de los conflictos que pone a prueba a la eficiencia y eficacia del propio Estado, en abordar de una forma adecuada el tema. Una premisa fundamental es que la conflictividad social es algo natural y normal en cualquier sociedad humana. Lo que no es bueno es cuando deriva en violencia, porque los conflictos en su doble dimensión representan un doble riesgo. Sin embargo, también representan una oportunidad para que los actores puedan revisar que está fallando y consigan promover un cambio en la relación y en las políticas públicas.
¿Es la ausencia del Estado el que agudiza el tema de la conflictividad?
Si, así es. Los conflictos de Guatemala no son como los de los países nórdicos, en donde hay un desacuerdo y lo que hace falta es calidad de información o un mejor entendimiento entre ellos. Aquí, en primer lugar, hay poca presencia del Estado a lo largo y ancho del país. Es algo estructural e histórico. No hay una buena práctica de acercamiento entre las empresas que llegan a los territorios indígenas, y no han logrado entender esa lógica distinta de las comunidades.
Hay dos políticas marco del actual Gobierno. Primero, el marco de la inversión en territorio rural, en donde se debe hacer con pertinencia cultural, en donde haya realmente un modelo gana-gana con los actores y se busca que este sea implementado en estos casos.
¿Cuáles son los temas en que converge la conflictividad?
Los clasificamos en siete ámbitos. El principal es el uso y aprovechamiento de recursos naturales, en donde se encuentran los temas mineros e hidroeléctricos, que es lo que más abunda en el país; el tema del transporte de energía eléctrica es otro, además, casos relacionados a límites o cuestiones limítrofes, temas de disputas de tierras históricas, que tienen una complejidad bastante grande, como es el caso de Xalapán, en Jalapa; otro es el tema de los derechos colectivos y específicos de los pueblos indígenas.
¿El Sistema Nacional de Diálogo tiene incidencia sobre los problemas de conflictividad?
Es un buen punto, porque de hecho, por su definición y naturaleza, una entidad mediadora no es quien toma decisiones, porque no es un arbitraje; es algo distinto a la resolución de conflictos y la idea es ser un facilitador, pero la solución la construyen de manera conjunta los interesados, los propios actores. He de decir que el tema del Sistema Nacional del Diálogo reconoce que es difícil ser un tercero neutral. Se está en el centro, sin tomar partido. En la práctica se pretende hacer eso, pero una vez que es (una instancia) del Ejecutivo, de alguna manera nosotros estamos mandados a actuar en un Estado institucional, en el marco de la ley. Un aspecto es el reto de mantener la imparcialidad. Es algo que buscamos, porque el reclamo de la población generalmente es que ve un sistema político más a favor del inversionista y las poblaciones se ven en desventaja. Entonces se busca una imparcialidad y objetividad en los temas.
¿Existe confianza en la población para estos procesos de diálogo?
El diálogo es una herramienta metodológica, ni buena ni mala, pero cuando no se hace uso adecuado y oportuno de la misma puede generar frustración o desconfianza y apatía. Comparto que la mayor parte de la población considera que los ejercicios de distintos espacios de conversaciones han quedado poco limitados en resultados o eficiencia por varias razones. Para que haya un proceso de diálogo genuino y exitoso debe haber voluntad de las partes. En los distintos conflictos se encuentran estrategias para no llegar a un acuerdo, aunque eso es responsabilidad de todos los actores. La apatía hacia el diálogo es un círculo vicioso que no nos lleva a ningún lado positivo. Sin embargo, si no es el diálogo ¿Qué es lo que queda? No es la fuerza. No es la imposición. Entonces hay una obligación del Estado de hacer un buen uso de los diálogos. Los diálogos no pueden ser para ganar tiempo, sino deben ser genuinos, en la medida que se está buscando un acuerdo no debe tomarse decisiones unilaterales o que vayan a afectar un proceso de búsqueda de un acuerdo.
Cristhians Castillo
Ipnusac
“Lo que hacen es entretener a la gente, la cual ya se encuentra cansada de ese tipo de estrategias, que lo único que pretende es taparle el ojo al macho, pero no existe una estrategia de mayor envergadura o más serias que permitan realmente mediar y tener la capacidad de tomar decisiones”.
Luis Mack
Analista independiente