Las repercusiones del asesinato de Francisco Tepeu -ocurrido el pasado 22 de junio durante una jornada de violencia- en la población de San Juan Sacatepéquez, continúa provocando enfrentamientos y división de grupos.
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Luis Tepeu, hermano del fallecido, señala que la población se encuentra dividida, en un grupo que se opone a la instalación de la planta cementera por el impacto que ésta pudiera tener en el ambiente y otro, que apoya la instalación por la generación de empleos en el sector.
Paralelo a ello, Tepeu refiere que también existe otro grupo, dedicado a manipular la opinión pública y a promover los enfrentamientos entre los pobladores.
De acuerdo con el entrevistado, este último está conformado por académicos profesionales y un militar retirado, quienes tienen el objetivo de «conservar el poder» a través de la manipulación de la seguridad en San Juan Sacatepéquez.
Asimismo, Tepeu considera que los grupos de poder tienen vínculos con partidos políticos, ya que se han manifestado activamente durante campañas electorales y jornadas de sufragio.
Entre tanto, los familiares y amigos de Francisco Tepeu exigen que las autoridades del Ministerio Público investiguen el asesinato, ocurrido hace más de 45 días, y se instale una mesa de diálogo para «limar asperezas», entre los grupos que difieren sobre la instalación de la cementera.
Diálogo en espera
El secretario de la Paz, Orlando Blanco, refiere que las condiciones actuales no son las adecuadas para instalar una mesa de diálogo en San Juan, ya que existen diferencias ideológicas, además de los conflictos que giran en torno a la instalación de la cementera.
Blanco señaló que, por medio de una medida sustitutiva se liberó a 25 campesinos que se encontraban detenidos por infringir el Estado de Prevención del pasado 22 de junio, lo cual es una avance para que la parte opositora acepte integrar el diálogo.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad del Gobierno permanecerán en el lugar para evitar que grupos «paramilitares» presionen a la población y evitar que continúe la confrontación entre los grupos de oposición, agrega el funcionario.
El diálogo se aplazará hasta que se consiga la liberación de los otros 17 campesinos que aún continúan detenidos, y se convoque a directivos de la industria del cemento a una reunión anticipatoria.
Justo Mendoza, representante de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, señala que la mayor parte del pueblo se muestra en oposición a la instalación de la planta cementera, sin embargo advierte que directivos de esa industria intervienen «para manipular» a quienes están a su favor.
«Sabemos que la gente de la cementera está pagando y dando apoyo a varias familias de San Juan para que apoyen la instalación de la planta y además, se enfrenten con el resto de personas», señala.
Las medidas de presión llegan al punto de ser víctimas de amenazas de muerte y discriminación, refiere Mendoza, por lo que espera una respuesta a su favor durante la instalación del diálogo.