El conflicto es generado por tres factores: «las deficiencias de las estructuras, las culturas y los actores. Las primeras por no atender las necesidades básicas de la población, las segundas por justificar la violencia, y los terceros por ser incapaces de aproximarse sin enfrentamiento a los conflictos»- (Galtung, J. 2000).
Uno de los factores del planteamiento anterior refiere a la incapacidad del Estado de proveer condiciones mínimas para satisfacer las necesidades de la población, lo cual tiene injerencia directa sobre la conflictividad. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sugiere una relación estrecha entre pobreza y conflicto, al indicar que el 80% de los 20 países más pobres del mundo han sufrido una guerra de importancia en los últimos 15 años. (PNUD 2005). Ese mismo organismo señala, «La discriminación, el acceso desigual a los recursos y la falta de respeto por la identidad cultural, entre otros quebrantamientos de los derechos humanos, forman parte de un elemento común en los conflictos a través del globo.» (2006).
Para nadie es secreto que a lo largo de la historia nacional, la problemática agraria ha generado tensiones sociales y políticas debidas a la ausencia de mecanismos de consenso entre los diversos actores sociales involucrados. La conflictividad agraria tiene raíces históricas y estructurales, resultado de un conjunto de factores sociales, económicos, políticos y culturales que han construido históricamente formas de relación sui generis entre los diversos grupos sociales. Según la Secretaría de Análisis Estratégico SAE, La conflictividad agraria se puede comprender como, «el conjunto de fenómenos agrarios que por las particularidades de la historia agraria guatemalteca, mantienen una alta susceptibilidad de generar tensiones locales, que a veces desembocan en violencia.» (Intrapaz. 2008).
El tema ocupa la atención de sectores académicos, políticos, institucionales y gubernamentales, y desde esos espacios se aborda y teoriza la problemática agraria, pero hasta ahora los actores no encuentran soluciones definitivas a esa conflictiva, histórica y añeja situación. Ayer, el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales IDEAR/CONGCOOP en conjunto con el Comité de Unidad Campesina CUC y el Comité Campesino del Altiplano CCA convocaron al seminario: «Conflictos de tierras municipales: Historia, realidad y tendencias» en Santa Cruz del Quiché y donde académicos, dirigentes campesinos, comunitarios, alcaldes municipales, indígenas y funcionarios gubernamentales, compartieron alrededor de tres ejes temáticos: 1. Contexto e historia de tierras municipales; 2. Causas, actores y dinámicas en los conflictos de tierras municipales; y 3. Retos en la resolución de conflictos de tierras municipales. Espero que los debates y conclusiones coadyuven a satisfacer las demandas campesinas.
A la conflictividad agraria se agrega la de la explotación minera, varias comunidades se oponen a las actividades mineras porque contaminan las fuentes hídricas y ocasionan daños al medio ambiente y a la salud de las personas. Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, recomendó al gobierno guatemalteco «suspender» las actividades de la mina Marlin, sin embargo, los gobernantes se siguen haciendo los babosos, dando la espalda a los intereses sociales y protegiendo a las transnacionales capitalistas. ¡Qué lata!
P.S. CONTRAVíA está cumpliendo 24 meses de publicación. A colegas, lectores y amigos un saludo cordial. ¡SALUD!