El reciente secuestro de cuatro turistas belgas en Guatemala ha sacado a la luz internacional el conflicto por la tierra que se registra en el país, uno de los detonantes de la guerra interna de más de 30 años, y que sigue sin resolverse.
«Las acciones emprendidas por el grupo Encuentro Campesino podrían ser sólo el inicio de más levantamientos de comunidades campesinas que no tienen respuesta a sus peticiones elementales», advierte Carlos Morales, director de la indígena Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC).
Y es que el secuestro de los turistas belgas, así como el de 29 policías en febrero estuvo a cargo de un grupo de campesinos que lucha por no ser desalojado de la tierra que ocupan desde hace varios años y que reclaman en propiedad por ser terrenos estatales.
Registros de la gubernamental Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) indican que actualmente están activos mil 554 conflictos agrarios, de un total de 4 mil 165 que se registraban desde 1997, la mayoría por reclamos históricos de tierra por parte de campesinos indígenas que viven en la miseria.
«Nosotros le hemos manifestado al Gobierno que en cualquier momento va a haber levantamientos de otras comunidades si no son atendidas las peticiones, pues hay un montón de órdenes de captura, hay persecución y amenazas de muerte y además de eso amenazas de desalojo», afirmó Morales.
En torno a dicha conflictividad, Rolando Yoc, director de la Central de Incidencias en Políticas Públicas de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), dice que es producto de la falta de atención que las diferentes administraciones gubernamentales ha dado a la problemática.
«Encontramos que no son problemas de dos o tres días, sino que han estado históricamente ahí y el Estado no le ha podido dar una respuesta a la problemática de estas familias que deambulan en busca de tierras para vivir y trabajar», sostuvo Yoc.
En ese sentido, el titular de la SAA, Alfonso de León, destacó que para el próximo 5 de abril se instalará una mesa de diálogo para buscar soluciones a las demandas de los millones de campesinos guatemaltecos, así como para definir una política de desarrollo rural integral en el país.
El funcionario dijo que en dicho proceso participarán los ministerios de Trabajo, Agricultura, Ambiente, Gobernación, la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y el Consejo Nacional de íreas Protegidas (CONAP), así como de la Alianza para el Desarrollo Rural, que aglutina al 90% de las organizaciones campesinas.
La miseria en que viven indígenas campesinos, principalmente en el área rural, fue uno de los detonantes de la sangrienta guerra que vivió Guatemala durante 36 años (1960-1996), que dejó un saldo de 200 mil muertos y desaparecidos, según un informe de la Organización de Naciones Unidas.
Datos oficiales indican que la pobreza afecta a más del 50% de los 13 millones de habitantes, y el 5% de la población es dueña del 95% de la tierra fértil de esta nación.