El 10 de enero de 2003, 14 trabajadores de la Escuela Santa Lucí­a, del Comité Pro Ciegos y Sordos, fueron destituidos al parecer sin justificación.

Según Amparo Lotán, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Comité, los empleados fueron retirados de sus cargos luego de haber denunciado irregularidades en la atención a los alumnos de la escuela.

«Los trabajadores denunciaron que en la escuela a los niños se les daba una mala alimentación e incluso fueron objeto de malos tratos en la institución, por eso los despidieron», argumentó Lotán.

Proceso

Luego que fueran retirados de sus puestos, el sindicato de trabajadores interpuso una demanda en el Juzgado Tercero de Trabajo, el cual falló para que los 14 despedidos fueran reinstalados inmediatamente en sus actividades laborales, el 14 de enero del mismo año.

Empero, Lotán cuenta que el caso llegó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual confirmó el dictamen del juez tercero de trabajo, el 05 de febrero de 2008.

Ante ello, el juzgado notifica de nueva cuenta sobre tal disposición al Comité, el 16 de junio de este año; no obstante la misma orden no ha sido acatada por los directivos de Pro Ciegos.

«Deben reflexionar y considerar que a quienes afectan son personas ciegas y sordas», dijo Lotán.

La disposición del juez incluye el pago del salario que debieron devengar los 14 trabajadores despedidos durante los cinco años en que estuvieron separados de sus cargos, cuyo monto asciende a Q3 millones.

Se trató de obtener la postura de algún miembro de la junta directiva del Comité, pero no fue posible lograr comunicación con ellos, ya que Marí­a Teresa Morales, portavoz de la institución, informó que se encontraban en reunión.

No obstante, a través de un comunicado de prensa enviado por Morales, argumentaron al respecto: «El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala es muy respetuoso de las leyes y de las personas que lo representan, pero no es posible acceder a lo solicitado, porque no tenemos ninguna notificación de la Sala de Trabajo».

De acuerdo con Lotán, de continuar con la renuencia de la junta directiva van a pedir que se certifique ante un juzgado penal el incumplimiento de la orden judicial, «pediremos el embargo de bienes hasta que cubran el monto de los salarios dejados de percibir durante los cinco años», enfatizó.