En Guatemala no hay etapa en la que no vivamos algún tipo de conflicto entre los distintos sectores de la sociedad, pero sin duda que el tema del salario mínimo será uno de los que agiten el cotarro en los próximos meses, puesto que durante cinco años no ha habido decisión sobre el tema y desde hace ocho años no existe punto de acuerdo entre los trabajadores y los empleadores.
Mientras el presidente Berger no modificó los valores del salario mínimo argumentando que para él era anacrónico el procedimiento que asigna esa función al Ejecutivo, Portillo aprobó incrementos sin precedente en la historia del país, aún en contra de la opinión de los empresarios. Ahora le corresponde al presidente Colom, quien se define como socialdemócrata, tomar una decisión al respecto y cualquiera que sea la que adopte, tendrá repercusiones políticas con los trabajadores o con los empleadores y, casi seguramente, con ambas partes porque lo que disponga el Gobierno puede parecer excesivo para unos e insuficiente para otros.
El tema del salario por productividad, que fue argumentado por los empresarios y secundado por el gobierno de Berger, no tiene asidero legal y demandaría toda una modificación profunda de la estructura de nuestras leyes para permitir que se usen nuevos criterios en la fijación de salarios mínimos. Desde el punto de vista de la ley vigente, el procedimiento es buscar acuerdos entre los empresarios y los trabajadores para un consenso en cuanto al valor del salario mínimo, pero como ello no es posible, el gobierno debe fijar el salario mínimo.
Y eso es lo que provoca el San Quintín porque obviamente lo que disponga el gobierno tendrá consecuencias en un ambiente enrarecido como el que tenemos en Guatemala con una sociedad extremadamente polarizada que ya con el tema de los impuestos tiene para entretenerse y para dar muestras de los altos niveles de intransigencia que hay. Desde el punto de vista del trabajador se requiere un salario mínimo que permita por lo menos cubrir la canasta básica, mientras que el criterio del empleador es que una fijación de salario mínimo desestimula la generación de empleo y al final hace daño al trabajador.
Lo cierto e irrefutable es que todo ha subido, menos los salarios, y que en esas condiciones se incrementa el nivel de pobreza.
Por ello el dilema para el gobierno de Colom es grande pero deberá tomar partido en uno de los temas más candentes de la agenda nacional.