La Iglesia católica, la Alianza Evangélica, la Universidad de San Carlos (Usac) y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) emitieron un comunicado de prensa en el que manifiestan su preocupación con respecto a la conflictividad social.
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Los firmantes del comunicado se refirieron a las “tensiones sociales derivadas de proyectos de algunos inversionistas sin responsabilidad social y ecológica, que apuestan por la explotación de los recursos naturales, a expensas de la degradación ambiental y el irrespeto a la voluntad manifiesta de las comunidades”.
En ese sentido, expresaron su preocupación: “la tendencia a mezclar indebidamente la resolución de los problemas de gobernabilidad derivados de inconformidades y demandas sociales con métodos de la seguridad pública, incluyendo medidas de excepción, que solo deben aplicarse cuando el Estado enfrenta amenazas vitales”.
JUICIO
En el comunicado también se hace referencia a un “juicio relacionado con hechos ocurridos durante el conflicto armado interno”, en alusión a la causa contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio López Sánchez, por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, el cual consideran que debería tener un “efecto saludable” en el país.
El grupo conocido como G4 pide “que se deje a las instituciones funcionar, se respete la independencia de los jueces y las Cortes, se abandone la tentación de ejercer presiones.
En el comunicado destaca que Guatemala está urgida “de afianzar su identidad en el reconocimiento abierto de su pasado y de recuperar la credibilidad del sistema de justicia”.