La conflictividad social en torno al alto costo de la energía eléctrica en el alumbrado público se ha expandido a las áreas del norte y nororiente del país. Esto debido a que el 60 por ciento de la factura de los 800,000 mil usuarios que consumen de 0 a 150 kilovatios es por pago de servicio de luz pública.

Energuate, presentó un mapa de conflictividad, en la cual destacó que esta problemática ya no sólo es parte de occidentes, sino que se ha expandido en departamentos del norte y nororiente del país, en el cual Alta y Baja Verapaz se encuentran en “riesgo alto de conflictividad”.
El 35 por ciento de personas en extrema pobreza está destinado a pago de energía eléctrica, en el cual sólo el monto del pago de alumbrado público representa el 60 por ciento. Según Energuate, esto se debe a que en algunas municipalidades se exceden en el cargo a este cobro, el cual está incluido en la factura que emite la Empresa Eléctrica a los usuarios.
De acuerdo a dar soluciones a este problema, Gerson López de ANAM negó que exista conflictividad social entorno al costo de la energía eléctrica, que esto se debe a grupos que roban energía eléctrica del cableado, para luego vendérselas a los usuarios de dicho servicio, explicó.
A pesar de que Energuate destaca aumento de conflictividad social y perdidas económicas por Q320.025.704, el comisionado del diálogo, Miguel Ángel Barcárcel,  indicó en una carta a la bancada Nacional de la Esperanza (UNE), desconocer dicha problemática y que por ende es algo que no le corresponde llevar a él, sino al Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, citó Barcárcel.