Organizaciones campesinas demandan a las nuevas autoridades de gobierno la distribución de tierras a comunidades agrarias y la creación de programas de desarrollo rural sostenibles, que contribuyan a reducir los niveles de pobreza y desnutrición en el campo.
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Unidas por los mismos objetivos, la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop) junto a ocho organizaciones campesinas emitieron un comunicado para solicitar la atención del nuevo gobierno, presidido por ílvaro Colom, sobre los problemas que les afectan.
Dentro de las demandas de las organizaciones, se exige la intervención del Estado para resolver la deuda agraria y los desalojos violentos de familias campesinas, de los que se reportaron 105 casos durante la pasada administración de gobierno.
«Los desalojos en las fincas son una prueba de los intereses empresariales que tienen los gobernantes (…) necesitamos que el Estado asuma su papel y garantice el bienestar del pueblo, especialmente del campesinado en el área rural, que es el grupo más afectado por la pobreza», indicó Leocadio Juracán, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC).
El fortalecimiento del presupuesto del Estado para invertir en programas sociales de salud, educación y alimentación, no escapa a las demandas de Congcoop y las organizaciones contraparte, que demandan los servicios y la calidad de los mismos para poder desarrollar la economía rural.
Conflicto histórico
A criterio de Juracán, la mala distribución de las tierras es un problema histórico en el que se mezclan distintos aspectos, entre ellos, la discriminación y la hegemonía de clases altas, caracterizadas principalmente por su origen ibérico y su ideología neoliberal.
«Los empresarios se han encargado de acaparar las tierras más fértiles para establecer sus negocios y además, se aprovechan de los campesinos que tienen la necesidad de trabajar y les pagan salarios miserables, por debajo del pago mínimo» indicó.
Según el comunicado de las organizaciones sociales, la distribución inequitativa de las zonas para cultivar es evidente al comparar las cifras de productividad nacional, en los que se reconoce que el 92% de los productores cultivan el 21.86, en tanto 1.86 de los productores ocupan casi el 57 por ciento de la tierra.
El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) advierte que de no implementar un plan nacional para solucionar los problemas sociales, estos podrían agravarse aún más.
La solución propuesta en plan de gobierno de Colom apunta al fortalecimiento de las micro y pequeñas economías en el campo a través del respaldo económico y técnico de las agencias del Gobierno designadas a esos aspectos.
En el ámbito económico, Jorge Santos, director del programa de Estudios Fiscales y Presupuestarios de CIIDH, considera que Guatemala es altamente vulnerable a los cambios económicos internacionales.
«El alto costo de la vida (inflación) que afecta a los guatemaltecos, a causa de las presiones internacionales de los precios del petróleo, debe contemplarse dentro de las políticas monetarias y establecer alternativas para que los impactos no sean severos» afirma Santos.
Además del encarecimiento de los productos de la canasta básica, que afecta a la población, CIIDH señaló que en el presupuesto nacional existen agujeros fiscales que afectarán el desarrollo de los programas sociales
«Esperamos que las promesas de Colom que se refieren al desarrollo rural y disminución de la pobreza ratificadas en su discurso sean cumplidas y por fin se solucione efectivamente la problemática agraria» finalizó Juracán.