La situación que se está viviendo en Huehuetenango es preocupante porque se está confirmando lo anunciado por la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre los focos de conflictividad tan altos en esa región del país. Ayer se dieron hechos violentos que no se pueden justificar de ninguna manera, pero que tienen raíces que es importante analizar y entender.

El funcionario público a cargo del Sistema Nacional de Diálogo, Miguel Balcárcel, declaró que existen malas prácticas gubernamentales que ignoran a las comunidades al momento de otorgar licencias como las de construcción de hidroeléctricas y dijo que las conductas del Gobierno no son las más adecuadas. Yo personalmente creo que la generación eléctrica utilizando nuestros caudales hídricos es mucho más eficiente y estratégicamente más conveniente que depender de otras fuentes de generación que no sólo encarecen la electricidad, sino que además hacen mucho mayor daño ecológico. Pero creo que es indispensable que la población sea tomada en cuenta, que se le expliquen los proyectos y, especialmente los beneficios que pueden recibir de los mismos si éstos afectan de alguna manera a sus comunidades.
 
Tenemos la tendencia en las áreas urbanas a pensar que los habitantes del interior del país no tienen derecho a recibir ni siquiera explicaciones, mucho menos a ser consultados cuando algo les afecta de manera directa. Quienes toman decisiones piensan, muchas veces, que la masa campesina e indígena no está preparada para tomar decisiones ni para entender explicaciones por lo que es mejor proceder y, en todo caso, reprimir las protestas si es que se llegan a dar. Eso constituye un error gravísimo porque abre espacios para que el malestar de la población pueda manifestarse en forma violenta y hasta para que pueda ser utilizado hábilmente por agitadores que quieran crear mayores problemas, pero nada de eso sería posible si el poblador hubiera sido debidamente informado y respetado antes de proceder a la ejecución de las obras.
 
Es importante tomar nota de lo que dijo Balcárcel porque no sería raro que en pocos días lo obliguen a retractarse como ya ha ocurrido en el pasado. Miguel es un técnico que entiende perfectamente los orígenes de la conflictividad y que tiene larga experiencia tratando de conciliar puntos de vista, pero ya se está viendo a la línea dominante en el Gobierno expresando que simplemente el tema se pasó de la raya y que no queda otro remedio que el de sofocar la protesta usando la fuerza del Estado.
 
Se dice que este tipo de reacciones provoca desaliento a la inversión y daño al país y puede ser cierto, pero lo que realmente hace daño es la forma en que los funcionarios manosean las leyes y los procedimientos para cumplir con los requerimientos de quienes los sobornan. Hablar de respeto al Estado de Derecho cuando hay “malas prácticas gubernamentales” es querer seguirnos viendo la cara de babosos, como si no supiéramos que las licencias tienen un costo que va a parar a la bolsa del funcionario y que no estamos hablando de un auténtico Estado de Derecho en el que se cumplen todos y cada uno de los requisitos administrativos y legales antes de emitir la resolución por la que pagó buena plata el interesado.