La Fiscalía de Costa Rica confiscó documentos y computadores en allanamiento a oficinas de la Conferencia Episcopal y de una fundación de la Iglesia en una investigación sobre intermediación financiera ilegal y fraude con dineros donados por los fieles.
Simultáneamente, la tarde de ayer, los fiscales allanaron e incautaron documentación en las instalaciones de la empresa financiera Sama, de la cual la iglesia católica es propietaria de más del 20% de sus acciones.
La Fiscalía explicó que busca información sobre las actividades financieras de la Conferencia Episcopal tanto en Costa Rica como en Panamá, ante sospechas de actividades de intermediación financiera ilegal.
En marzo pasado, una investigación del diario La Nación reveló que la Iglesia estaba captando dinero de particulares y lo invertía a través del grupo Sama, por lo cual percibía ganancias, procedimiento que había sido expresamente prohibido por la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF).
Parte de esos recursos, según la investigación, podrían haber sido invertidos en dos empresas off-shore radicadas en Panamá, Sarita Trading S.A. y Servicios Pastorales Latinoamericanos S.A., que controla la iglesia católica costarricense y que en conjunto manejan capitales cercanos a los 84 millones de dólares.
Las autoridades también investigan un posible fraude con recursos captados por una fundación eclesiástica constituida para restaurar la Catedral Metropolitana y otros templos.
Esta entidad, que recibe donaciones deducibles del impuesto sobre la renta, llegó a captar, entre 1991 y 2007, el equivalente en valor actual a unos 42 millones de dólares, de los que la fundación descontó un 10%, invirtió el resto y se quedó con las ganancias, según el mismo diario.
Los obispos han negado responsabilidad en los hechos investigados y aseguran que fueron víctimas de un fraude por parte del ex administrador de Servicios Pastorales de la Conferencia Episcopal, Jorge Torres Fuentes, quien falleció en junio del año pasado.
No obstante, la ex compañera sentimental de Torres interpuso una querella contra los obispos Francisco Ulloa (presidente de la Conferencia Episcopal) y íngel Sancasimiro, así como contra el abogado de éstos, Carlos Vargas, por el delito de ofensas a la memoria de un difundo.
La mujer asegura que Torres no hizo más que obedecer órdenes y que los obispos tratan de aprovechar del fallecimiento de su ex empleado para eludir la responsabilidad de sus conductas ilegales.
Por su parte, el vocero de la Conferencia Episcopal, el sacerdote Glen Gómez, dijo que la gestión de los fiscales no preocupa ni incomoda a la Iglesia en modo alguno, porque «está a punto de dilucidarse que los obispos no se han prestado al tema de la intermediación financiera».