La confiscación de un camión que transportaba armas para Hezbolá cerca de Beirut complica aún más la crisis entre la poderosa organización chiíta y el gobierno libanés, que ha anunciado que no las devolverá.
El viceprimer ministro y ministro de Defensa libanés, Elías Murr, rechazó ayer el pedido de Hezbolá de que se le devuelvan sus «armas», incluidos una buena cantidad de cohetes del tipo Grad de fabricación soviética, morteros y municiones.
«Hubiera deseado que Hezbolá donase sus armas al ejército libanés, que en la víspera logró rechazar la agresión israelí contra territorio libanés», declaró Murr interrogado por la cadena de televisión privada LBC.
Murr indicó que el ejército tenía ahora el papel «de la resistencia» en la frontera con Israel y subrayó que numerosos soldados pertenecen a la comunidad chiíta, como sus correligionarios del Hezbolá.
El ministro, que dijo no estar «ni con la mayoría antisiria, ni con la oposición», destacó que el bautismo de fuego del ejército el miércoles, cuando intercambió artillería con el ejército israelí en la frontera, es «una prueba evidente de la capacidad de las tropas para defender su territorio».
No obstante, no es seguro que el Hezbolá lo entienda así. Interrogado por la AFP, un portavoz de Hezbolá no comentó las declaraciones de Murr.
Desde que terminó la guerra con Israel (12 de julio – 14 de agosto) los combatientes chiítas han mantenido un perfil bajo en el sur del Líbano, donde por primera vez desde hace tres décadas se desplegó el ejército nacional.
Unos 15.000 soldados -un cuarto de los efectivos del ejército- están desplegados en esta región.
De todas maneras, el tema de las armas del Hezbolá, único grupo libanés que las guardó en su poder después de la guerra civil (1975-1990), sigue siendo tema de discordia entre la mayoría y la oposición.
Para Murr, «hay una nueva situación en el Líbano, después de la guerra y del despliegue del ejército en el sur» del país.
«Toda solución al tema de las armas de la resistencia debe ser objeto de consenso nacional», estimó un responsable de Hezbolá que pidió mantener el anonimato.
La resolución 1701 de la ONU, que puso fin al conflicto entre Israel y Hezbolá, establece que sólo el ejército libanés, apoyado por las fuerzas de la ONU, está autorizado para desplegarse en el sur del Líbano. Llama al desarme de todos los grupos armados, en alusión a Hezbolá.
En cuanto a las armas confiscadas, responsables políticos no excluyen un arreglo discreto y al margen de toda polémica, para no deteriorar aún más las relaciones entre el gobierno del primer ministro Fuad Siniora y la oposición dirigida por Hezbolá.
El partido chiíta justificó su demanda de restitución de las armas aludiendo a la «declaración ministerial» formulada cuando entró en funciones el gobierno de Siniora, en julio de 2005, y que reconoció el derecho a la resistencia contra la ocupación israelí de Líbano.
Sin embargo, según fuentes allegadas al gobierno, Hezbolá, que ya no forma parte del gobierno de Siniora desde que sus ministros dimitieron a mediados de noviembre, difícilmente puede referirse a la «declaración ministerial» de un gabinete que considera «ilegítimo».