Pakistán atraviesa desde hoy una nueva crisis política, tras la confirmación de la coalición gubernamental de destituir al presidente, Pervez Musharraf, aliado de Estados Unidos en su «guerra contra el terrorismo».
Esta medida espectacular, si se alcanza, llegará después de cinco meses de tensiones entre el gobierno y el ex general Musharraf, en el poder desde 1999 tras un golpe de Estado militar.
«Tenemos buenas noticias para la democracia. La coalición cree que es imperativo actuar para lograr la destitución («impeachment») del general Musharraf», dijo el líder de la alianza política, Asif Alí Zardari, en una rueda de prensa.
El acuerdo llega después de tres días de conversaciones entre los líderes de la coalición, Nawaz Sharif, ex primer ministro, y Alí Zardari, viudo de la ex primera ministra asesinada Benazir Bhutto.
Un alto responsable de la alianza gubernamental había anunciado esta mañana que «los partidos de la coalición alcanzaron un principio de acuerdo para lanzar una moción de destitución contra el presidente Musharraf».
«Hemos acordado destituir al presidente», había indicado un miembro del partido de Sharif, la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N).
Musharraf llegó al poder en octubre de 1999 mediante un golpe de Estado militar y emprendió una carrera armamentística nuclear apoyado por Estados Unidos, que ha sido uno de sus aliados clave desde los ataques del 11 de septiembre.
Pero su popularidad bajó después de que, en noviembre de 2007, destituyó a los jueces de la Corte Suprema y declaró el estado de excepción para asegurar su reelección como presidente.
Musharraf perdió las elecciones legislativas del 18 de febrero y el presidente cohabita desde entonces en un ambiente tenso con un gobierno que antes estaba en la oposición.
Hasta ahora la coalición se mostraba dividida sobre la destitución del jefe de Estado: mientras el PML-N estaba a favor, el Partido del Pueblo Pakistaní (PPP) del viudo de Bhutto no veía mal su permanencia en el poder si se le retiraban ciertas prerrogativas.
El principal conflicto entre Musharraf y el gobierno es el de los jueces de la Corte Suprema, en particular la suerte del ex presidente Iftikhar Muhammad Chaudhri.
La coalición en el poder ha prometido restablecer en sus funciones a los jueces destituidos por Musharraf en 2007.
Pero el presidente, reelegido de manera controvertida el pasado octubre, teme que estos magistrados se pronuncien de nuevo sobre la legitimidad de su mandato.
Si el Parlamento restituye a los jueces, la Corte Suprema podrá, en teoría, volver a juzgar de ilegal el nuevo mandato de cinco años de Musharraf y comenzar un proceso de destitución.
Ahora hay que elaborar un «acta de acusación» contra Musharraf y someterla al Parlamento, donde debe recibir el apoyo de al menos la mitad de los diputados.
Después, el presidente de la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento, deberá informar al jefe de Estado y pedirle que se defienda.
En teoría, a Musharraf le queda el derecho constitucional de disolver el Parlamento y volver a imponer el estado de excepción.
El presidente paquistaní sigue disfrutando del apoyo de Estados Unidos, que lo considera un aliado clave en su «guerra contra el terrorismo», principalmente en el vecino Afganistán.
Para evitar toda polémica, Musharraf canceló su viaje a Pekín y será el primer ministro, Yusuf Raza Gilani, quien asista a la apertura de los Juegos Olímpicos, anunció el ministerio de Relaciones Exteriores hoy.