La fila de testigos propuestos por el Ministerio Público (MP) en el juicio que enfrenta el ex superintendente de Administración Tributaria, Marco Tulio Abadío Molina, continúa este día, fue escuchado el subgerente financiero de la SAT Juan Miguel Irías, quien confirmó la responsabilidad de Abadío Molina, en la defraudación millonaria.
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Para la audiencia de hoy el MP propuso a miembros del directorio de la SAT y subgerentes de la entidad recaudadora de impuestos como testigos durante el proceso de debate oral y público en contra del ex superintendente, dos de sus hijos y varios ex funcionarios de la institución.
El subgerente financiero de la SAT, Juan Miguel Irías, relató cómo se hacía el proceso de compra y adquisición de mercadería en la entidad recaudadora de impuestos, en parte de su testimonio mencionó que los bienes y servicios adquiridos durante el período de Abadío Molina fue sobrevalorado hasta por Q700 mil.
«La experiencia nos indica que se pagó más de lo que se debió haber pagado en relación a los bienes y servicios adquiridos», expresó Irías.
El funcionario de la SAT refirió que se debe deducir las responsabilidades respectivas, eso de acuerdo a la jerarquía que se manejaba dentro de la institución y en base a la denuncia presentada.
El fiscal a cargo de la investigación, Carlos Paniagua, realizó diversas preguntas al testigo, entre ellas la forma en que a consideración de Irías habría sucedido con el proceso de adquisición de bienes y servicios para la SAT.
«Dentro de su exposición mencionaba ajustes al estado financiero y reversiones, a qué se refiere usted con eso», preguntó el fiscal.
El testigo responde: «en un sentido no técnico, nos referimos que se pudo comprobar que durante el proceso de adquisición se pagó más de lo que se debió pagar a un precio justo y manejable», respondió Irías.
Paniagua continuó interrogando al testigo, preguntándole, a su criterio quién tendría que cancelar lo que se pagó de más durante la compra de los bienes y servicios para la SAT, a lo que el entrevistador refirió que son los sindicados quienes deben abonar lo sobrevalorado.
«De acuerdo al artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto el autorizador de egresos de entidades descentralizadas es la autoridad administrativa superior, en este caso es el superintendente de Administración Tributaria, Marco Tulio Abadío Molina», mencionó el funcionario de la SAT.
El subgerente financiero de la SAT concluyó indicando que durante el 2003 la entidad recaudadora de impuestos realizó un ajuste presupuestario hasta de 20 millones 960 mil quetzales y al año siguiente este habría sido de tres millones 192 mil quetzales, dinero que fue utilizado para compras, en su mayoría de papelería publicitaria.