La Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal absolvió por segunda vez al exmandatario de la nación, Alfonso Portillo, por el delito de peculado, al considerar que no existieron suficientes pruebas de cargo para demostrar su participación en el desvío de Q120 millones.

De esta manera, la sala rechazó la solicitud del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la que pedían revocar la sentencia absolutoria.

Esto, sin embargo, no afecta la causa de extradición solicitada por Estados Unidos que se sigue contra el mandatario.

SOLICITUD DENEGADA
La solicitud, presentada el 21 de marzo pasado, integraba la insistencia del MP y la CICIG para que no se aperturara un nuevo juicio en contra de Alfonso Portillo, Eduardo Arévalo Lacs y Manuel Maza Castellanos, exministros de la Defensa y Finanzas, sino que simplemente se confirmara o modificara la sentencia.

También se pedía al tribunal que el privado de libertad pagara una suma de 25 mil quetzales a manera de multa.  Luego de la resolución del juez, el expresidente aún queda ligado por el delito de lavado de dinero, caso por el cual Estados Unidos solicita su extradición.

De acuerdo a Mauricio Berriondo, abogado del exgobernante, la solicitud que presentara el MP y la CICIG tenía el objetivo de acelerar la extradición  hacia Estados Unidos, que sigue en proceso por otra causa Portillo por el lavado de US$70 millones, aproximadamente, como consecuencia de una mala administración de fondos públicos durante su periodo presidencial.

Al momento de presentar la solicitud Berriondo aseguró que haría pedazos a la fiscalía y a la parte querellante, porque estaba seguro de la inocencia de su cliente.

En la audiencia los abogados de la parte acusadora expusieron sus argumentos para que los magistrados revisaran la sentencia y se observaran los errores que el tribunal habría incurrido para absolver a Portillo, Eduardo Arévalo Lacs y Manuel Maza Castellanos, durante el 2000 al 2004.

ANTECEDENTES
El 9 de mayo del 2011 fue la fecha en la que el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal resolvió dejar libres a los tres exfuncionarios, declarando que eran absueltos del delito de peculado de Q120 millones. Por el contrario, Morelia Ríos, presidenta del Tribunal, expuso que si habían pruebas suficientes para condenar a Portillo.

En esa ocasión el tribunal decidió no dar valor probatorio a las evidencias presentadas por el MP y la CICIG. Entre ellas, el testimonio de Armando Llort Quiteño, expresidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN). En su declaración Llort afirmó que él había sido quien había prestado a Portillo Q30 millones, los cuales habían sido depositados en ese banco.