El presidente turco Abdulá Gul confía en que su país supere la crisis provocada por el proceso sobre un presunto complot militar en 2003 contra el gobierno islamista moderado, mientras otros sospechosos declararán hoy ante la justicia.
El viernes en la tarde, un tribunal de Estambul inculpó y encarceló a dos generales retirados, entre ellos Cetin Dogan, presentado como el presunto instigador de la conspiración.
Un total de 33 oficiales superiores fueron inculpados por un tribunal de Estambul desde la vasta redada de la policía el lunes, durante la cual unas cincuenta personalidades militares fueron detenidas.
Por el contrario, unos quince detenidos fueron liberados, entre ellos los antiguos comandantes de la Marina y de la Aviación.
Este presunto complot, dado a conocer por un diario en enero, contaba preparar el terreno para un golpe de Estado mediante acciones violentas para demostrar la incapacidad del gobierno del AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo, salido de la corriente islamista) para garantizar la seguridad del país.
Dogan, un general retirado, y el Estado Mayor conjunto de las fuerzas armadas se defendieron de las acusaciones y afirmaron que el plan publicado por la prensa daba cuenta de un procedimiento de entrenamiento como los que existen en cualquier ejército del mundo.
Otros 18 militares, en su mayoría subalternos, sospechosos de ejecutar los atentados previstos en el complot, fueron detenidos el viernes durante una segunda redada y deben ser interrogados durante el fin de semana por fiscales de Estambul que instruyen diversas investigaciones por conspiración antigubernamentales, según la prensa.
Si bien para numerosos intelectuales estas detenciones significan un avance en la democratización del país, la oposición denuncia «un golpe de Estado civil» y considera este encarnizamiento judicial como una artimaña del poder para debilitar a los defensores del laicismo.
El riesgo de una crisis mayor en Turquía, donde el ejército derrocó o provocó la caída de cuatro gobiernos en cincuenta años y se considera el garante de los principios laicos, llevó al presidente Gul a organizar una reunión el jueves entre el jefe del Estado Mayor, general Iker Babug, y el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan.
Un comunicado publicado luego abogó por un «marco constitucional» para solucionar estos diferendos.
Erdogan, para quien el proceso judicial demuestra una «normalización» de la democracia en Turquía, advirtió al ejército el viernes que «nadie está por encima de las leyes».
Opinión compartida por el jefe del Estado que estimó que todo ciudadano es igual ante la ley. «Si hay gente que comete errores en nuestras instituciones ( el ejército), debe ser depurada», señaló en una entrevista con el diario Hí¼rriyet publicada el sábado.
También se declaró seguro de que «Turquía superará absolutamente» esta crisis y destacó que el objetivo principal para la democracia turca es respetar las normas europeas.
Debido sobre todo a las inquietudes en los mercados, la Bolsa de Estambul cayó casi un 7% en la semana pasada y la libra turca se depreció frente al dólar.
Esta crisis de poder se produce dos años después del llamado caso Ergenekon, en el que más de doscientos acusados, generales jubilados, profesores universitarios y periodistas habrían tratado de derrocar por la fuerza al gobierno.