Del total de las denuncias que recopiló el Observatorio Electoral (integrado por el Procurador de los Derechos Humanos, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Arzobispo) durante los comicios del 2007, la queja que predominó fue la inducción al voto (441 casos), por parte de las diferentes organizaciones políticas, según reveló el informe de la entidad citada.
El voto a cambio de bienes fue el que mayor número de casos reportó, con 136 hechos, mientras que la inducción del voto a cambio del transporte y la comida del día, fue el segundo con 118 casos.
Otras de las acciones promovidas para intentar inducir o condicionar el voto fueron: beneficios proporcionados con recursos del Estado, bajo amenazas de pérdida del empleo, a cambio de préstamos de dinero o compra del voto apunta en: 41, 20, 5, 20 y 101 las quejas recibidas respectivamente.
En cuanto a las denuncias de violación al derecho humano a elegir libremente, las más fueron en Huehuetenango, con un total de 107 reportes, seguido del departamento de Guatemala con 90 casos y los departamentos de Jutiapa y Santa Rosa que superaron por poco las 30 denuncias.
La poca claridad respecto a qué institución del Estado debe actuar en estos casos, y la ausencia de mecanismos coercitivos para que el Tribunal Supremo Electoral pudiera intervenir en estas situaciones, permite este tipo de anomalías.
Para realizar la tarea el Observatorio Electoral elaboró el formulario de Vigilancia de los Derechos Humanos, en los centros de votación y en sus alrededores, para constatar las facilidades para emitir el sufragio dentro del marco de libertad y respeto.
Un segundo instrumento fue la Fiscalización Administrativa que permitió la vigilancia de la actividad de las autoridades electorales y de la administración pública durante los días en los que se celebraron las elecciones. Así se cumplió el mandato constitucional del Procurador de los Derechos Humanos, de velar por el buen funcionamiento y fiscalizar la gestión gubernamental, a través de investigar y denunciar cualquier comportamiento administrativo lesivo.
Por último y el de mayor relevancia para la Procuraduría de los Derechos Humanos, fue el formulario de Denuncias con el cual se permitió dejar constancia de los reclamos planteados por la ciudadanía cuando consideraron que un derecho humano les era violentado.
En comparación con el 2003, la cantidad de denuncias recogidas a nivel nacional por los y las observadoras de la PDH, disminuyó en alguna medida, puesto que en los comicios anteriores se recibieron un total de 769 denuncias y en los comicios del 2007, 694.