Por otro lado, grupos de jóvenes han levantado su voz oponiéndose a esta ley, apelando a la Constitución Polí­tica, especí­ficamente  en  lo que se refiere al derecho a la vida. Alegan además, que tiene vicios de inconstitucionalidad como la vulneración al principio de igualdad y que  violenta diversos tratados y convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el Estado de Guatemala.

 

Otro aspecto que señalan se enfoca en la violación a garantí­as relativas al ejercicio de derechos como la organización, participación, movilización, expresión, pensamiento, así­ como el debido proceso y compromisos en materia de atención integral de la juventud. También exponen  que legislar desde la perspectiva de la estigmatización, implicará criminalizar a quienes, en este caso, usen tatuajes, aretes o se vistan de forma diferente a parámetros convencionales impuestos, así­ como ante el uso de expresiones corporales, culturales y otras de la juventud.

 

Es importante señalar que en el paí­s existen muchas leyes que castigan, que penalizan, que se cumplan o no es  responsabilidad de las autoridades, y hay muy poco o nada sobre prevención del delito, pocas propuestas y polí­ticas que se enfoquen en mejorar las   pobreza, la marginación y la exclusión social son el abono perfecto para el florecimiento de las pandillas.

 

La construcción e implementación del Plan de Acción de la Polí­tica Nacional de la Juventud, que incluye un componente de prevención de la violencia es necesaria, así­ como la aprobación de Ley Nacional de la Juventud.

 

Es costumbre   señalar, ignorar y repeler lo que no nos gusta, pero con alternativas como las propuestas por los diputados del Patriota y el Lí­der, lo único que puede ocurrir es tener un paí­s más dividido, más violento y con mayor discriminación.