La violenta represión que sufrieron pobladores de varias comunidades del occidental departamento de Totonicapán, que se pronunciaban contra el alto costo de la energía eléctrica entre otras demandas, ha desencadenado el repudio y rechazo de la sociedad civil que consideran se cometió un acto de represión y barbarie contra los pueblos indígenas.
Es lamentable este tipo de medidas que buscan acallar y detener una legítima organización, expresión comunitaria y popular, en demanda de aspectos básicos para la vida, afirmó la destacada activista Rosalina Tuyuc.
Tuyuc consideró necesario deducir responsabilidades en torno al hecho, ya que a su criterio no son aceptables las justificaciones que intentan tergiversar las verdad; está clara la posición del gobierno de reprimir la más mínima oposición y resistencia, señaló.
Por su parte el Consejo Político 13 Baktun hizo un llamado a las comunidades Maya, Xinka y Garifuna así como a la sociedad guatemalteca en general, para brindar apoyo a las comunidades y autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, que participaron en la protesta; no permitamos que regrese el pasado de represión, masacres y control militar sobre nuestras comunidades, subrayó la entidad.
El pasado jueves miles de pobladores de los 48 Cantones de Totonicapán realizaron una protesta pacífica, en el Km. 170 de la ruta interamericana, para mostrar su malestar por los cobros excesivos por parte de las distribuidoras de energía eléctrica, así como su rechazo al cambio de pensum en Magisterio y a las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo, que consideran buscan beneficiar únicamente a la clase alta del país.
Lamentablemente pasadas las horas, elementos de la policía y del ejército comenzaron a agredir a los campesinos con bombas lacrimógenas y disparos de armas de fuego, lo que ocasionó la muerte a seis manifestantes y dejó heridos al menos a otros 30.
El Presidente de la República dijo, luego de los incidentes, que en el enfrentamiento ningún elemento de seguridad portaba armas de fuego, a pesar de que se había difundido una imagen donde un soldado apunta su arma contra los manifestantes; posteriormente el Mandatario se retractó y dijo “que únicamente” habían realizado disparos al aire.
El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino de Guatemala (MSICG) condenó estos hechos y expresó que el deber fundamental del Estado es garantizar la vida y seguridad física de las personas y ningún otro está por encima de éste; de igual manera exigió al Mandatario cumplir su promesa de deducir responsabilidades contra quienes usaron desmedidamente la fuerza.
Finalmente, la Convergencia Nacional exigió el retiro inmediato del ejército en todas las comunidades indígenas del país, ya que su presencia en los territorios representa la remilitarización y la expresión de un gobierno contrainsurgente, con lo que se revive la época del conflicto armado interno.