La justicia española condenó hoy a casi 40.000 años de prisión a tres de los ocho principales acusados de los atentados islamistas del 11 de marzo del 2004 en Madrid, que causaron 191 muertos y 1.841 heridos y fueron reivindicados en nombre de la red Al Qaeda. Se trata del marroquí Jamal Zougam, autor material que fue reconocido en uno de los trenes, Othman El-Gnaoui, uno de los principales responsables de la célula terrorista, y el minero español José Emilio Suárez Trashorras, confidente de la policía, traficante de drogas y principal suministrador de los explosivos.
Los tres han sido condenados por acusaciones de asesinato e intentos de asesinato y en virtud de la legislación española no cumplirán más de 40 años de cárcel.
Sorprendentemente fue absuelto uno de los tres acusados de ser autor intelectual de los atentados, Rabei Ousmane Sayed Ahmed alias «Mohamed el Egipcio», detenido en Milán (Italia), además de los españoles Antonio y Carmen Toro Castro, relacionados con Trashorras.
Del resto de los ocho principales acusados, para los cuales el fiscal pedía también casi 39.000 años de prisión, el marroquí Youssef Belhadj, acusado de ser autor intelectual y sospechoso de ser el portavoz de Al Qaeda en Europa –apareció en un vídeo reivindicando los atentados– fue sólo condenado a 12 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista.
El también marroquí Hassan Al Haski, presunto ex jefe en España y después en Europa del Grupo Islámico Combatiente de Marruecos (GICM) e imputado por ser presunto cerebro de los atentados, fue condenado a 15 años.
Abdelmajid Bouchar, el otro acusado de ser el autor material y cuyas huellas se encontraron en una casa donde fueron construidas las bombas, al final fue condenado a 18 años de carcel sólo por pertenencia a organización terrorista.
El último de los principales responsables, Rafa Zouhier, confidente de la policía, que habría servido de intermediario en la entrega de explosivos, fue sentenciado a 10 años.
El veredicto del tribunal supone la culminación de más de tres años y medio de trabajo policial y judicial, que comenzó el mismo 11 de marzo de 2004 cuando a primera hora se produjeron los atentados.
Ese día, hacia las 07:40 horas locales, 10 bombas explotaron en cuatro trenes de cercanías llenos de oficinistas, obreros o estudiantes que se dirigían a la estación madrileña de Atocha en el peor atentado de la historia en España.
«Hoy se ha impartido justicia»
«Hoy se ha impartido justicia, y sobre esta justicia tenemos que mirar hacia adelante, fortaleciendo la mejor convivencia entre todos nosotros», proclamó el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, tras anunciarse la sentencia del juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
El presidente del gobierno reconoció y agradeció la tarea «ejemplar» acometida por las fuerzas de seguridad del Estado y por el poder judicial, que demuestra «que los ciudadanos podemos confiar en la fuerza de la ley».
Todos ellos «han hecho posible el juicio más rápido, con mayor número de imputados y condenados de los que se han celebrado en el mundo sobre un atentado perpetrado por terroristas internacionales», subrayó.
Zapatero añadió que «la mejor lección que podemos extraer» es hacer un «llamamiento a las fuerzas políticas» para «trabajar unidos en la lucha contra la amenaza terrorista».
Una asociación de víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid anunció que recurirrá la sentencia anunciada hoy, por la cual fueron condenados a las penas máximas tres de los ocho principales imputados y uno fue absuelto.
«Vamos a recurrir el fallo completo», declaró Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, tras la emisión del juicio, al que asistió junto con medio centenar de víctimas.
«No me gusta que los asesinos anden sueltos», añadió en referencia a la absolución de uno de los principales afectados acusado de ser autor intelectual de los atentados, Rabei Ousmane Sayed Ahmed, alias «Mohamed el Egipcio», que se encuentra detenido en Milán (Italia).
Para él, el fiscal pedía casi 39.000 años de cárcel por asesinatos e intentos de asesinato.
Además fueron absueltos los españoles Antonio y Carmen Toro Castro –relacionados con el minero español José Emilio Suárez Trashorras, que facilitó los explosivos–, para los cuales se pedían 23 y cuatro años, respectivamente.