Obviamente, lo ideal es que no esté legislado y que esta representatividad no necesite de un empujoncito legal y que, en cambio, sea la práctica habitual. Pero, como todos sabemos, nuestro sistema polí­tico no tiene representatividad. De hecho, en los puestos de elección popular hay gente que quizá más de la mitad de la población no quiere en esos lugares.

La Ley Electoral fue pensada en una sociedad sumida en la guerra y que tení­a 30 años sin ejercicios democráticos. Es decir, que quienes redactaron y aprobaron la ley ni siquiera habí­an experimentado unas elecciones justas en nuestro paí­s.

Hoy dí­a, esta ley permite la raí­z de todos los males de Guatemala, que básicamente se resume en que los candidatos que son postulados por los partidos polí­ticos no son los mejores sino los que más pagan por su plaza.

En consecuencia, en los puestos públicos figuran rostros de personas que hicieron literalmente cualquier cosa para llegar hasta ahí­, impulsados por gente que pagaron cualquier cantidad de dinero para obligar a los funcionarios a que hagan cualquier cosa. En fin, somos gobernados por gente que es capaz de vender su alma al diablo.

Retomando la propuesta del grupo de mujeres, me parece que tiene una visión muy miope, ya que el problema no sólo se trata de la representatividad de las féminas, sino de todos y todas. No sólo las mujeres no están representadas. En realidad, prácticamente sólo empresarios y el crimen organizado está representado, salvando algunos casos excepcionales.

Nuestro sistema democrático -iniciando con el sistema electoral- es muy gacho. Ni siquiera podemos decir que se basa en buenos comerciales, porque los anuncios proselitistas en Guatemala son pésimos, que corresponde a los pésimos publicistas que hay en el paí­s, pero eso es otro tema.

El factor central de nuestra democracia son los medios de comunicación, especialmente la televisión abierta, porque ésta llega a más gente, en una población analfabeta, que carece de autocrí­tica y que es fácilmente deslumbrable por gorros y cancioncitas.

Entonces, tomando en cuenta este factor una reforma a la Ley Electoral (o mejor dicho, una nueva ley) debe estar encaminada a una democracia que por la mediatización y el traslado del mensaje de comunicación debe estar basado en los medios de comunicación (actualmente el factor esencial de nuestras democracias).

El Tribunal Supremo Electoral -TSE- (que no es supremo, que no es tribunal y cuyas funciones se reducen a organizar unas elecciones cada cuatro años, como grupo de señoras que organizan cualquier cuchubal) debe ser el regulador también del mensaje de la democracia. Su presupuesto anual (y no sólo en año electoral) debe contemplar una fuerte cantidad de dinero para comprar espacios en medios de comunicación, a fin de promover debates entre los diferentes partidos polí­ticos, y que de esa forma la población conozcan las verdaderas propuestas de los polí­ticos.

Además, el TSE debe promover la elección uninominal de diputados, y la democratización y la academia dentro de los partidos polí­ticos; evitar el involucramiento de grupos comprometidos con sectores empresariales, religiosos y del crimen organizados dentro de las elecciones, y, sobre todo, promover la participación del ciudadano común, para evitar que sigamos condenados a votar por las mismas lacras.