En el marco de la aprobación que el Organismo Legislativo diera ayer a la restitución del indulto, los juzgados de ejecución del Organismo Judicial (OJ) en la capital depuraron un listado de las personas que han sido condenadas a la pena capital, del que resaltan las medidas legales que impiden su aplicación.
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Los legisladores votaron a favor de la pena de muerte. Un total de 140 manos fueron las que se alzaron (de 143 diputados presentes) para darle luz verde a la restitución del indulto presidencial, según ellos, en torno a la fuerte ola de violencia que enfrenta el país. Pese a que la sugerencia emanada del Partido Patriota fue catalogada como «represiva» por parte de analistas, más de un centenar de parlamentarios no lo consideraron así.
La Gran Alianza Nacional (Gana) estancó en 2007 dicha ley después de ser discutida en segunda lectura, al oponerse a que el indulto fuera una decisión del Presidente de la República; no obstante, la sanción del Ejecutivo (la cual fue confirmada ayer), no implicaría la ejecución de la pena por medio de la inyección letal, ya que un gran número de los condenados a muerte han presentado recursos legales que los han amparado provisionalmente.
Postura de mandatario
ílvaro Colom declaró esta mañana: «sobre lo que decidió el Congreso de la República, mi posición ha sido muy clara desde la campaña; existe la justicia, existe la Ley y así como no estoy perdonando multas ni impuestos tampoco pretendo intervenir un trabajo del OJ por medio de un indulto».
Según Colom «el Presidente no tiene que ir contra los jueces y magistrados de justicia que emitan resoluciones que incluyan la pena de muerte».
Contra pena de muerte
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), fue la primera en pronunciarse en contra de dicha aprobación; los activistas mencionaron que con la aplicación de la pena capital no se va a terminar la problemática de violencia que afecta actualmente al país.
Nery Rodenas, representante de la ODHA, declaró que «Guatemala es uno de los pocos países de Latinoamérica que aplica la pena de muerte. El país debería atender el compromiso que tiene a nivel internacional con el Pacto de San José, donde los Estados se comprometieron a no generar más penas de muerte sino a realizar acciones para abolirla».
Tras el estudio jurídico de la ley, la ODHA podría plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la misma, con el cual buscan cerrarle el paso. «La pena de muerte no es un disuasivo».
AI se pronuncia
Amnistía Internacional (AI) pidió hoy a Colom rechazar la ley restablecida ayer en el Palacio Legislativo, por medio de una carta abierta enviada hoy al gobernante. En el documento lo instan a que «no re-instaure la pena de muerte» y que, en cambio, «busque soluciones más eficaces y duraderas para la crisis de seguridad pública que afecta a Guatemala».
«La pena de muerte es la pena cruel, inhumana y degradante por excelencia. Es arbitraria, su ineficacia para reducir la delincuencia está demostrada y perpetúa un clima de violencia en el que nunca se puede alcanzar realmente la justicia», cita la carta.
Casos
Los juzgados Primero y Segundo de Ejecución de la capital depuraron un listado con 25 personas que fueron condenadas a la pena máxima, dos de los cuales se encuentran prófugos y uno fallecido.
El primero de los anteriores es Elver Gabriel Alvarado García, quien fue sentenciado a la pena máxima por el delito de plagio o secuestro y portación ilegal de arma de fuego. José Luis López Galindo, procesado por plagio o secuestro, uso público de nombre supuesto y portación ilegal de armas de fuego ofensivas. El fallecido responde al nombre de Tirso Román Valenzuela, quien fue procesado por asesinato, secuestro y evasión.
De los 25 expedientes que tienen los referidos juzgados de ejecución sólo dos de los procesados no han interpuesto ningún recurso legal para frenar la aplicación de la inyección letal: Santos Hernández Torres, sentenciado por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa y í‰dgar Ivan Sandoval por los anteriores delitos y lesiones leves.
En el Juzgado Segundo se ejecutó a los reos: Luis Amílcar Zetino Pérez y Tomás Hernández Hernández, quienes fueron condenados por plagio o secuestro, asesinato y portación ilegal de arma de fuego ofensiva.