La condena de un militar de alto rango y tres comisionados castrenses por el delito de «desaparición forzada», por el nombrado caso de «El Jute» en Chiquimula, es un avance en el proceso de la búsqueda de justicia y del cese de la impunidad, aunque solo es el primero de varios pasos para castigar a los responsables de crímenes ocurridos durante la guerra.
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Activistas en derechos humanos aseguran que esta sentencia abre las puertas para que la justicia llegue a otros casos y para que los mismos avancen.
Mario Polanco, presidente del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), expresó que luego de 11 años de darle seguimiento y acompañamiento a las víctimas en dicho caso, se logró, «lo cual es una sentencia histórica, porque es el primer coronel del Ejército que es sentenciado en casos de esta naturaleza», expresó el entrevistado.
Aseguró que esto generará confianza en la población que sufrió abusos durante el conflicto armado interno y la posibilidad para que avancen casos similares, lo que, señaló, que es lo más importante.
Citó como ejemplo que los casos de íngel Aníbal Guevara, ex ministro de la Defensa, y el general Benedicto Lucas García tienen la esperanza que lleguen a una condena pronta luego de que un juez de Chiquimula, encargado del caso «El Jute», ordenara abrir proceso legal en contra de los dos antes mencionados.
Por su parte Mario Minera, del Centro de Acción en Derechos Humanos (CALDH), aseveró que es un paso muy importante en contra de la impunidad y para el esclarecimiento de la memoria histórica. «Las víctimas del conflicto armado pueden tener ahora esperanza de que la justicia, 28 o 29 años después, puede caminar», agregó el entrevistado.
El coronel Marco Antonio Sánchez Samayoa, junto a los militares José Domingo Ríos, Gabriel ílvarez Ramos y Salomón Maldonado, fueron sentenciados ayer por la tarde a 53 años de prisión inconmutable, por la desaparición de ocho personas en el municipio El Jute, Chiquimula, hecho ocurrido un 19 de octubre de 1981.