El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) condenó moralmente a la empresa minera canadiense Montana Exploradora por supuestos daños al ambiente y a la población indígena de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, poblados ubicados al oeste de Guatemala.
El jurado, compuesto por 10 expertos de diferentes países, determinó que existen indicios de que las operaciones de la mina afectan a unos 10 mil habitantes, al originar que se sequen los pozos de agua, dijo a la prensa guatemalteca el presidente del TLA, Javier Bogantes.
Además, el movimiento de tierra por las explosiones ha causado daños a viviendas en las comunidades cercanas, agregó al informar sobre la resolución la noche del viernes, la cual no es vinculante sino moral.
El tribunal consideró que hay alta probabilidad de liberación de aguas ácidas de los escombros de la mina, así como el riesgo de derrames con consecuencias graves para la población y el entorno en la cuenca del río Cuilco y subcuenca del río Tzalá, y las especies acuáticas.
Explicó que el TLA responsabilizó al Gobierno de Guatemala por no corregir la situación de operaciones mineras de alto riesgo, y lo censuró por no aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al ignorar las consultas de esos pueblos.
Asimismo, la corte recomendó al Congreso reformar la Ley de Minería para asegurar la soberanía nacional y la defensa de los derechos y el patrimonio de sus habitantes.
Entre los expertos figuraba el ex procurador general de Brasil Alexandre Camanho, el ex magistrado francés Philippe Texier y el académico mexicano David Barkin, así como los guatemaltecos Augusto Willemsen, ex procurador adjunto de Derechos Humanos, y el médico José Barnoya.
El TLA se reunió esta semana en la turística Antigua Guatemala, 45 km al suroeste de la capital guatemalteca.