La participación del sector privado en el financiamiento, construcción, rehabilitación, operación, mantenimiento y modernización de infraestructura vial es un fenómeno de rápido crecimiento en Guatemala

Producto del cuestionable desempeño deficiente del sector público, el déficit fiscal del país y las limitaciones al gasto público, donde el énfasis tiende a enfocarse supuestamente en las áreas de educación, salud y trabajo.

Particularmente Guatemala ha tenido cierto liderazgo en el tema de la concesión de infraestructura de transportes con la entrega en usufructo de Puerto Barrios, la concesión por 25 años de la autopista a Palín-Escuintla y la entrega en usufructo de Ferrocarriles de Guatemala.

Específicamente sobre la concesión de la autopista a Palín-Escuintla, Marhnos, empresa de capital mexicano que administra la misma con una extensión de 29.63 kilómetros, solicitó en noviembre de 2013 al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el permiso de aumento a la tarifa de peaje en un cinco por ciento, de Q15.25 a Q16 para 2014.

No obstante, esto levantó la discusión en el Congreso sobre la necesidad de un estudio sobre los costos económicos para el Estado de Guatemala  en términos de la competitividad de la nación puesto que, según la Comisión de Comunicaciones del Legislativo, el contrato podría declararse lesivo por el escaso “beneficio” que se obtiene en cuestión de regalías.

Y es que durante 16 años que lleva la concesión, la empresa Marhnos ha captado por el paso de vehículos por sus garitas de peaje unos Q990 millones, de los cuales, según establece el contrato, al Estado de Guatemala le corresponde una regalía del uno por ciento, es decir alrededor de Q9.9 millones.

MALA EXPERIENCIA EN COSTA RICA
Documentos trasladados a la Redacción indican que en Costa Rica la empresa mexicana Marhnos se hizo acreedora de otra concesión para construir un tramo de 40 kilómetros de la carretera Panamericana, en 1997. Sin embargo, el Gobierno costarricense determinó tiempo después que Marhnos no tenía dinero para construir el tramo carretero, dejando sin efecto la concesión.

Esto al no presentar garantías para el financiamiento de un crédito por US$19 millones que serían otorgados por el banco estatal y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Caso contrario en Guatemala, ese mismo año durante el gobierno de Álvaro Arzú, fue el Ministerio de Comunicaciones, dirigido en aquel entonces por Fritz García-Gallont, quien suscribió un contrato entre la Dirección General de Caminos y Marhnos para concesionar por un período de 25 años la autopista Palín-Escuintla.

Ese acuerdo se obtuvo mediante una licitación internacional para entregar en concesión la autopista Palín-Escuintla, que tuvo un costo de poco más de Q334 millones que pagó el Gobierno de Guatemala.

Para esto se adquirió un préstamo de US$50 millones con el BCIE para construir el tramo vial en mención, además de utilizar fondos de la Dirección General de Caminos.

La Constructora Marhnos, S.A. ganó el concurso para hacerse cargo de la obra hasta abril de 2023, con la condición de construir una ampliación de 43 kilómetros entre Escuintla y Puerto Quetzal que, según datos de Marhnos, tuvo un costo de Q168 millones.

Uno de los puntos medulares del convenio señala que la empresa mexicana podía incrementar la tarifa de peaje cada seis meses y de cuyas ganancias únicamente aportaría el uno por ciento al Estado de Guatemala.

Al respecto, el actual viceministro de Infraestructura, Miguel Cabrera indicó que hay que tomar en cuenta que la concesión “fue en otro Gobierno y en otra época”, admitiendo que no fue un buen negocio el otorgar los trabajos de esta vía a la iniciativa privada.

De esa cuenta, Cabrera declaró que el Estado debe ser respetuoso de la ley aunque la cartera está dispuesta a mejorar las condiciones en términos financieros para el país, pues las regalías las considera “muy pocas basados en los resultados que ha tenido la concesión”.

Mientras tanto, el funcionario argumentó que se ha impedido el aumento a la tarifa de peaje a los usuarios de la carretera, “porque creemos que el país no está para pagar mucho más dinero por el uso de la autopista”.    

PROBLEMA SON REGALÍAS
Según estimaciones del Ministerio de Comunicaciones, son 10 mil vehículos, entre transporte pesado y liviano, los que circulan diariamente por la autopista Palín-Escuintla, que construyó el Estado de Guatemala pero fue concesionada a Marhnos en 1997.

De acuerdo a Carlos Molina Mencos, abogado constitucionalista, la inconformidad radica en que el Estado obtiene ganancias mínimas a través de este contrato, por lo cual impera la necesidad de renegociar el porcentaje de regalías incluido en el mismo, y de esta forma garantizar que Guatemala logre una utilidad financiera.

Sin embargo, el experto comenta que otra debilidad es la forma en que se negocian estos compromisos con empresas extranjeras y los acuerdos a los que se lleguen para beneficiar a una de las partes.
 
“Da la impresión de que se pudo haber ganado más. El problema está en las regalías. Siempre el Estado debe recibir la mayor parte de utilidades que sea posible de un proyecto. La ventaja de concesionar al sector privado es que se quita el peso de la inversión, pero toda utilidad debe ser razonable. Todo depende cómo se negocie”, apunta Mencos.

EXIGE REVISIÓN DE CONTRATO
Tanto parlamentarios como expertos en la materia han sugerido la revisión del contrato suscrito con Marhnos para evitar que cada seis meses incremente el precio del peaje.

Además, dicen que es fundamental la revisión de la Ley de Alianzas Público-Privados para Infraestructura Económica para evitar que se convierta en un foco de corrupción ante nuevas inversiones.

Es más, los diputados de la Comisión de Comunicaciones señalaron, recientemente, que le pedirán al ministro Alejandro Sinibaldi, renegociar el porcentaje, para no declarar el contrato como lesivo a los intereses del país.

“Desde que se estructuró el contrato con la empresa Marhnos, ha sido oneroso en relación a los intereses del Estado y que al final ha tenido pocas ganancias y la empresa, bastante lucro”, opina la diputada Nineth Montenegro.

Cabe mencionar que Sinibaldi manifestó recientemente que la Ley de Alianzas Público-Privada para el Desarrollo de Infraestructura Económica no ha motivado un clima de negocios favorable y por ende, a la concesión de obra que podría resultar rentable al Estado de Guatemala.

En ese sentido, Sinibaldi informó que ya fue presentada una iniciativa de ley en el Congreso que busca que empresas privadas interesadas en la concesión para la construcción de obra gris, diseñen, financien y ejecuten estos proyectos para beneficio del país.

En respuesta la parlamentaria de la bancada Encuentro por Guatemala, expresa que con miras a la contienda electoral y ante denuncias de actos de corrupción mediante favores de funcionarios con cobro de comisiones por obras, habría que analizar la iniciativa del CIV en el tema “porque así como pasan cosas sorprendentes en el Congreso, podría ser aprobada de urgencia nacional y saber cuál es el fondo de la Ley”.

La Hora intentó obtener una copia de esta iniciativa, pero luego de varias solicitudes por escrito y de manera verbal al Departamento de Comunicación Social del CIV, la misma no fue proporcionada; al igual que tampoco fue concedida una entrevista con el titular de la cartera. 

“En el peor de los casos, puede ser que se quiera concesionar a una empresa que ha favorecido intereses de Gobierno y eso sí esta delicado. Los intereses del Estado deben ser prioritarios y los funcionarios no tienen que recibir nada a cambio de los contratos, pero como lamentablemente no hay forma de probar esto, se queda en el aire y ni el Ministerio Público ni la Contraloría General de Cuentas accionan”, agrega Montenegro.

PGN: SOLICITUD NO SE HA HECHO
Ante las necesidades crecientes de inversión en infraestructura, el gobierno en el pasado ha desarrollado planes para promover la inversión privada en el sector, otorgando dos concesiones al sector privado.

En 1998, fue otorgada una concesión por 50 años para operar los servicios de Ferrocarriles de Guatemala, aunque ocho años más tarde se consideró lesiva a los intereses nacionales y en 2014 el Estado pagó US$14.6 millones para recuperar las acciones del tren y la vía férrea, mediante un arbitraje internacional.

En ese marco, se le consultó sobre la posibilidad de declarar lesivo el contrato con la empresa Marhnos, al Procurador General de la Nación, Vladimir Aguilar y respondió:

“Podemos hacer un análisis del contrato de la concesión con la finalidad de establecer no solo el procedimiento de legalidad sino analizar si alguna cláusula contractual puede lesionar los intereses del Estado. Pero hasta el momento nadie lo ha solicitado y no podría decirle si existe riesgo o no hasta terminar un estudio respectivo”.

Aguilar enfatiza en que todos los contratos y convenios suscritos deben garantizar transparencia en los estatutos y la legalidad de los mismos, para que posteriormente no surjan dudas sobre la vulnerabilidad de los intereses de la colectividad.

“También debería ser la Contraloría General de Cuentas la que ejerza un control sobre el gasto público y de este tipo de inversiones para garantizar la transparencia”, expresa.

“SE DEBE RESPETAR”   
Según estudios del CIV, la autopista Palín-Escuintla capta el 92% del tránsito hacia la Costa Sur, mientras que la antigua carretera, el 8 por ciento, debido a las condiciones de esta y el tiempo que lleva recorrerla, de casi una hora, y en la primera son unos 15 minutos aproximadamente.

El presidente de la Cámara de la Construcción, Pelayo Llarena, recalca que la concesión con la empresa de capital mexicano ha permitido tener una carretera en excelentes condiciones y que recibido aceptación de la población, porque, aunque hay opción de tomar un camino en el que no se paga, un buen número de automovilistas decide usar la autopista.

Asimismo, defendió las regalías que recibe el Estado, indicando que “han estado bien distribuidas” porque al final en un negocio público-privado, el privado tiene que pagar costos de mantenimiento y garantizar la calidad y utilidad de la carretera.

“Me encantaría ver más proyectos como este aunque tengamos que pagar para pasar por ahí. Si el guatemalteco no quisiera pagar Q15 tomaría la ruta alterna, cosa que muy pocos lo hacen. Esto demuestra que cuando una empresa privada administra puede funcionar mejor todo a comparación de una empresa pública que tiene tantos cambios”, apunta.

El también ingeniero puntualiza en que se debe respetar el contrato que se firmó originalmente y no 15 años después, pretender hacer cambios pues eso no brinda certeza jurídica a nuevos inversionistas sino más bien se le envía un mensaje negativo a estas fuentes de financiamiento.

“Estoy seguro que con las reglas claras, varios asociados estarían interesados en invertir siempre y cuando se respeten los contratos. Este ha sido un buen negocio para el Estado de Guatemala porque además de haber recibido esos Q9 millones, le brindó a los guatemaltecos una carretera segura donde pasar”.

MARCO LEGAL
La legislación existente para regular la participación privada en infraestructura se circunscribe a lo estipulado en el artículo 183 de la Constitución Política y a la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 57-92), utilizado para el caso de las concesiones en carreteras (Palín-Escuintla); la ley de Aeronáutica Civil para el caso de los aeropuertos; y las disposiciones sobre el usufructo del Código Civil utilizadas en el caso de Puerto Barrios y de las líneas del ferrocarril.

Precisamente la Ley de Contrataciones del Estado cuenta con algunas disposiciones generales que posibilitan concesiones de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. No obstante, permite la modificación de condiciones contractuales en caso de una concesión, siempre y cuando se cuente con la aprobación del Congreso y se garantice la seguridad jurídica para el concesionario.

A este marco jurídico se suma la Ley sobre Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, conocida como Alianzas Público-Privadas (APP; Decreto 16-2010), como un nuevo marco institucional para la contratación de nuevas obras.

El marco regulatorio viene al caso porque el ministro, Alejandro Sinibaldi, informó que se encuentran estudiando licitaciones como parte de un plan piloto, que de funcionar, concesionaría otras rutas de la red vial del país.

A decir del funcionario, inversionistas extranjeros se han mostrado interesados en nuevas concesiones de tramos carreteros y han indagado sobre los planes del Estado. Hasta el momento se conoce que son empresas provenientes de China, Corea, Japón, España, Estados Unidos y México.

De acuerdo al funcionario, uno de los proyectos que interesaría a la inversión extranjera en el país es el libramiento en la ruta a Chimaltenango, que próximamente saldrá a licitación y que se convertiría en una ruta alterna que agilizará el paso vehicular en el área. De igual forma, libramientos pendientes de construcción en Barberena, San Bernardino, Suchitepéquez y Cocales, también en el suroccidente de Guatemala.