El Concejo Ecuménico de Guatemala (CEG) expresó estar en desacuerdo con la disposición del Gobierno, que pretende implementar avalar el megaproyecto del Canal Seco Interoceánico.

Los religiosos manifestaron que esta disposición carece de legalidad y ética, pues varias personas serán desalojadas de sus propiedades para responder a «intereses privados internacionales». Indicaron que en lugar de llevar desarrollo a las comunidades, el Canal agravará la conflictividad social y los problemas ambientales en Guatemala.

Además, el CEG expresó que el proyecto afectará de manera negativa y directa al río que abastece del vital líquido a las seis comunidades indígenas del municipio de Jocotán, en Chiquimula.

En conferencia de prensa, los religiosos denunciaron también que la empresa encargada del proyecto ha generado una serie de acciones que van desde compra de voluntades, engaños e intimidación hacia comunitarios, la criminalización de líderes indígenas, amenazas de muerte, sobornos y manipulación de instituciones estatales como la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.

De igual forma, explicaron que esta estrategia de desinformación de parte de la empresa ocasiona violencia, inseguridad, miedo, polarización y conflictividad entre las más de 46 comunidades involucradas y anuncian que ya han tomado las acciones legales pertinentes para visibilizar la problemática a nivel nacional.

Para el CEG, se deben respetar y reconocer los derechos colectivos de los pueblos originarios, por lo cual instan al presidente Otto Pérez a dar marcha atrás al proyecto del Canal Seco y propiciar otras opciones de desarrollo nacional.

Por aparte, Guillermo Catalán, presidente de la Junta Directiva del Canal Interoceánico, manifestó que sectores sociales como la Iglesia Ecuménica, se plantea erróneamente la inviabilidad de este proyecto en el país, pues afirma que el Corredor cuenta con el consenso de las comunidades y de los líderes locales en el Oriente del país.

“Vemos con preocupación que estas organizaciones estén prestándose para promover más la conflictividad social del país”, expone.

Sobre las denuncias de presunta expropiación de tierras para la construcción del proyecto, el directivo responde que todos los propietarios están de acuerdo en el proceso de adquisición de las tierras, desmintiendo que no existen desalojos, pues “este es un proyecto incluyente que ha tomado en cuenta las opiniones de las comunidades”.

Catalán estima que el monto por el pago de las propiedades adquiridas oscila entre los Q60 mil por manzana de tierra y que según lo convenido, las 3 mil 533 familias propietarias involucradas serán accionistas del Corredor Interoceánico de Guatemala.

El Corredor Seco proyecta iniciar su construcción el próximo año, el mes de mayo y junio de 2014. La inversión del proyecto se estima que sea de 7 mil millones de dólares aproximadamente, en diferentes fases en un plazo de cinco años, cuando se pretende que inicie operaciones.