Pérdida de valores y descomposición dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia en el paí­s es lo que se visualiza de parte del Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, esto luego de la crisis por la que atravesó el Ministerio Público. Sin embargo, existe un llamado a realizar una auditorí­a más activa de parte de la sociedad y a tomar esta situación como una oportunidad.

Representantes de las siete iglesias que integran el Concejo dieron a conocer su preocupación por la «crisis de ética» que atraviesa el paí­s, esto luego de la renuncia de Carlos Castresana, todaví­a jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG).

A decir de Rodolfo Valenzuela, Obispo de las Verapaces y vicepresidente de la agrupación, se hace un «llamado a la conciencia a polí­ticos, jueces, magistrados y Gobierno para que actúen con los valores y principios que dicen tener», pues asegura que hasta ahora no se han evidenciado estos en quienes tienen a su cargo la impartición de la justicia.

Ello, asegura, ha provocado descomposición en el Estado, corrupción y, con la renuncia de Castresana, reconocida como «un golpe a la lucha contra la impunidad», se profundiza «la poca credibilidad del Gobierno, de sus instituciones y funcionarios».

TRANSPARENCIA

Por ello se hace la solicitud al Ejecutivo para que suministre los recursos necesarios para el fortalecimiento de la justicia en el paí­s y no a gastos «superfluos e innecesarios». Además se pide al Congreso de la República que apruebe las leyes que la CICIG ha solicitado para el combate a la corrupción e impunidad.

También realizaron un llamado a los integrantes de la Comisión de Postulación y a las entidades representadas por ellos, para que den muestras de transparencia y que garanticen la legitimidad en el nuevo proceso de selección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, (MP).

LUCHA DE PODER

Para el Concejo Ecuménico, esta crisis sólo evidencia una disputa al interior de los sectores dominantes del paí­s por el control del poder polí­tico, institucional y gubernamental y que evidencia «la falta de escrúpulos de una minorí­a que por detentar el poder pone en riesgo a la mayorí­a de guatemaltecos».

Por lo que también indican que la sociedad debe continuar con su fiscalización activa y responsable y aprovechar la «oportunidad» de que ahora se evidencia la corrupción y que se puede realizar un cambio.