El Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil resolvió otorgar un amparo a un grupo de vendedores que habían sido desalojados de los alrededores del IGSS de la zona 4.
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Los afectados argumentaron en la acción de amparo que la Municipalidad capitalina los había desalojado sin previa notificación legal y sin opción a reinstalación.
La resolución del juzgado civil suspende la acción impugnada por los vendedores informales, quienes por semanas han manifestado su rechazo a las órdenes de la comuna, ya que sus pérdidas son cuantiosas.
El amparo fue otorgado provisionalmente a un grupo de vendedores que ubicaban sus ventas alrededor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la zona 4, y frente a la Municipalidad.
Dora Monroy, presidenta de la citada judicatura, explicó que el amparo otorgado «suspende la acción de la autoridad recurrida», lo cual deja sin efecto la orden de desalojo, explicó.
La jueza agregó que los amparistas argumentan que la acción municipal es una orden y no una resolución de tránsito, que tampoco se les corrió audiencia para conocer su postura al respecto.
Los vendedores informales también alegaron que por más de 20 años se han sostenido económicamente de las ventas que ubican alrededor del Seguro Social.
Jorge Grajeda, Secretario General en funciones de la Federación de Trabajadores Independientes, explicó que la Municipalidad «no cumplió con el debido proceso ya que no notificó por escrito a ningún trabajador que sería desalojado, además, tampoco hay una reubicación», indicó.
El sindicalista explicó que en ese desalojo fueron afectados 26 vendedores informales los cuales contaban con un «permiso que la Municipalidad les había otorgado hace dos años, pero la misma dejó de cobrar por ser ilegal», indicó, y agregó que los comerciantes también cuentan con un gafete que les fue otorgado años atrás como permiso para vender en esa área.
Grajeda indicó que el amparo otorgado por la referida judicatura permite que los vendedores regresen a sus lugares de comercio, pero sólo de forma temporal, ya que el trámite debe continuar y un juez de asuntos municipales resolverá en definitiva esa acción.
Actualmente los 26 vendedores desalojados hace pocas semanas se reubican en un área del parqueo del IGSS, sin embargo, muchos han manifestado inconformidad por ello ya que las ventas y las ganancias son mínimas.
Se intentó obtener una postura de la Municipalidad pero María José Salas, portavoz de la comuna, no respondió las llamadas efectuadas a su celular.
También se solicitó información a Salas por correo electrónico sobre el amparo y su trámite, sin embargo, tampoco respondió el mensaje.